Suspenden por sexta vez un juicio al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante

La Sección Primera de la Audiencia de Alicante ha tenido que suspender hoy por sexta vez el juicio al expresidente del Colegio de Graduados Sociales, Francisco Javier Méndez Jara, por apropiarse de más de 90.000 euros de dinero del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que debían haber recibido varios trabajadores a los que representaba como abogado y graduado social. La nueva suspensión del juicio por una causa que se tramita desde hace casi una década se ha acordado en la Audiencia al excusarse su nuevo abogado por estar contagiado con el covid y no encontrarse en buen estado de salud para ejercer la defensa en la vista oral.

Los afectados, que han acudido a la vista y no se han sorprendido por la nueva suspensión, sí han mostrado su malestar por este nuevo retraso, aunque la Sección Primera de la Audiencia ha fijado para principios del próximo mes de diciembre una nueva fecha para intentar celebrar la vista.

El acusado, Francisco Javier Méndez, ha acudido a la Audiencia Provincial trasladado por la Policía Nacional en un furgón desde la prisión de Fontcalent. Méndez tuvo que ingresar el pasado verano en prisión para cumplir la pena de 11 meses que le impuso la Audiencia en junio de 2022 por el agujero contable en el Colegio de Graduados Sociales de Alicante. Solicitó la suspensión de la ejecución de la pena pero la Sección Segunda se la denegó por no haber pagado ninguna cantidad de dinero de la indemnización de más de 300.000 euros estipulada en el fallo.

Petición de 4 años de cárcel

Francisco Javier Méndez se enfrenta en este juicio que tiene pendiente a una petición de la Fiscalía de cuatro años de prisión como autor de un delito de apropiación indebida del dinero que el Fondo de Garantía Salarial pagó a cinco de sus clientes, que ascendía a unos 91.000 euros, según fuentes judiciales.

Según la acusación del Ministerio Público, el letrado Francisco Javier Méndez representó a las víctimas en un proceso judicial de reclamación de cantidad, tras el despido de las mismas de una empresa de mármoles. Entre los años 2015 y 2016, el acusado, en nombre de sus clientes, cobró cantidades que oscilan entre los 10.000 y 24.000 euros por trabajador, que debía abonar a las víctimas.

Según mantiene la acusación pública, el letrado se quedó con el dinero y nunca lo ingresó en sus respectivas cuentas.

Renuncia del letrado

La anterior suspensión de este juicio tuvo lugar a principios de año, cuando su anterior abogado renunció a ejercer la defensa el mismo día de la vista alegando un conflicto de intereses, ya que dijo estar defendiendo a algunas de las personas que ejercían la acusación particular en otra causa que está pendiente de juicio en el juzgado de lo Penal número tres de Alicante.

Como ya publicó este diario, el magistrado José Antonio Durá expresó entonces su indignación porque la causa es del año 2014 «y usted no ha dicho nada hasta ahora, ni trae documentos que acrediten nada, ni explica en qué consiste ese otro juicio. No cabe mayor mala fe procesal».

Fuentes judiciales han indicado a este diario que el anterior abogado fue sancionado tras abrirse un expediente disciplinario por dicha renuncia el día del juicio en la Audiencia de Alicante.