Macroproceso en Alicante por la venta de más de 80 certificados falsos de empadronamiento

Eran tantos y de nombres y apellidos tan impronunciables para un nacional que los miembros del tribunal, el fiscal y hasta los abogados defensores convinieron en referirse a ellos, no por lo que figuraba en sus documentos de identidad, sino por el número que tenían asignado en el listado de acusados. «El número 14 puede declarar», anunciaba el presidente de la sala, Javier Martínez Marfil. Y «el número 14», que debía saber de antemano que esa era su posición en la lista, se desplazaba hasta el lugar habilitado para testificar.

El fiscal reclama seis años de cárcel para la funcionaria, tres para su pareja y unos 700 euros para 22 del total de los adquirentes

 Un ritual que cumplimentaron, uno a uno, más de una veintena de los 84 acusados en este proceso por falsificación de certificados de empadronamiento que ese martes comparecieron en la primera sesión del juicio que se está celebrando en el salón de actos del edificio judicial de Pardo Gimeno, ubicado frente a los juzgados de Benalúa de Alicante. Porque la magnitud del proceso (a los 84 acusados se sumaban sus abogados, los traductores, los tres magistrados y el fiscal) hizo inviable que pudiera ubicarse en una de las salas de la Audiencia.

En la vista se juzga a una auxiliar administrativa encargada del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Gandia hasta el año 2007 y a su pareja sentimental, un ciudadano paquistaní que regentaba un locutorio en Gata de Gorgos. A ambos se les imputa haber falsificado certificados de empadronamiento en la localidad valenciana para al menos 82 inmigrantes, todos ellos también acusados.

Alterar los años

La Fiscalía sostiene que la empleada pública alteraba los años de residencia, haciendo constar que superaban los tres, para que así los titulares del certificado pudieran solicitar los permisos de trabajo y de residencia en la Oficina de Extranjería de Alicante.

La acusada actuaba de común acuerdo con su pareja, quien conocía a los inmigrantes interesados en obtener el documento gracias al locutorio. Allí, según la acusación pública, «les solicitaba la fotocopia de su documentación y se la remitía a la empleada pública para que lo tramitara (...) cobrándoles diferentes cantidades de dinero».

Este martes los dos, la empleada y su pareja, se han acogido derecho a no declarar después de que su abogado planteara una batería de cuestiones previas que buscaban una suspensión de la vista que no se produjo. 

 Quienes sí han declarado, aunque peleando contra las dificultades de la barrera idiomática y las del continuo acople de los micrófonos de la sala, que hicieron de la sesión un calvario, fueron los más de una veintena de los 82 inmigrantes acusados de hacerse con estos certificados falsos previo pago, según precisaron algunos, de cantidades que iban de los 300 a los 2.000 euros. Otros, en cambio, afirmaron que no habían abonado nada. 

Conformidad

Y lo hicieron después de que todos ellos, salvo un par de casos que justificadamente tenían que estar fuera de la causa, admitieran los hechos a cambio de una rebaja de la pena que solicita el Ministerio Público. Una conformidad a la que no quisieron acogerse ni la funcionaria ni su pareja.

El fiscal acusa ambos de un delito continuado de falsedad en documento oficial y les reclama seis y tres años de prisión respectivamente más otros tantos de inhabilitación en el caso de primera, quien aún está laboralmente activa. Petición que podría reducirse en la fase final del juicio por las dilaciones indebidas de una causa que data de 2007.

A los inmigrantes, acusados también de falsedad documental, se les ofreció a cambio de su inculpación una pena que en la práctica les supone el pago de algo más de 700 euros.

 Quedarán por juzgar después de este juicio 50 de los 84 acusados quienes, según se explicó ayer en la sala, o bien se les citó pero no han comparecido o no se les ha podido localizar. Una circunstancia que en principio hará que el tribunal dicte una orden de busca y que, de no localizarles, llevará a la paradoja de que quienes han cumplido con la Justicia compareciendo van a salir peor parados que lo que no lo han hecho.