La funcionaria juzgada en Alicante que ahora niega haber falseado empadronamientos lo admitió cuando fue detenida

Sin presiones, en presencia de su abogado y por partida doble admitió la funcionaria del Ayuntamiento de Gandia que está siendo juzgada en Alicante por falsificar al menos 82 certificados de empadronamiento para extranjeros que efectivamente había alterado esos documentos.

Lo confesó en julio de 2007 ante la Guardia Civil y después en el juzgado nada más ser detenida por estos hechos en el Consistorio de la localidad valenciana. Unas declaraciones que, tras la negativa de la acusada a testificar en el juicio que este miércoles quedó visto para sentencia, fueron leídas a petición de la acusación pública.

De boca del presidente del tribunal, Javier Martínez Marfil, se pudo oír cómo la empleada pública admitía haber falseado esos documentos «atrasándoles la fecha de manera que llevaran más de tres años en España», lo que permitía a sus titulares solicitar permisos de trabajo y de residencia imposibles de tramitar de no haber transcurrido ese tiempo. 

Macroproceso en Alicante por la venta de más de 80 certificados falsos de empadronamiento

En esa misma comparecencia , la acusada dijo también que era su pareja sentimental, también acusado, y otra persona, identificada pero que no ha comparecido en la vista, quienes le facilitaban una fotocopia del pasaporte de los extranjeros interesados, con los que contactaba en el locutorio que su novio, un ciudadano paquistaní, regentaba en Gata de Gorgos.

En cuanto al número de certificados alterados, la mujer dijo que había entregado unos «veinte o treinta» a su pareja y «quizá más» a la otra persona. Y dijo que no había recibido dinero «ni nada a cambio».

Una veintena de los 82 inmigrantes que también están acusados en este proceso por la compra de los documentos falsos han admitido los hechos y han precisado que se pagaron entre 300 y 2.000 euros. El resto o no se le ha conseguido localizar o han hecho caso omiso a la citación.

Tarjetas de residencia

Uno de los agentes de la Guardia Civil que participó en la investigación precisó que lo que les puso tras la pista de que algo estaba ocurriendo fue la detección de extranjeros casi recién llegados que ya tenían tarjeta de residencia. Y que en algún momento pensaron que quien realmente se beneficiaba de lo que pagaban era la pareja de la empleada pública. En el registro realizado en su domicilio no se encontró nada. 

La mujer estuvo un par de meses en prisión preventiva, de la que salió previo pago de una fianza de 5.000 euros, y desde entonces sigue trabajando en el Ayuntamiento.

Los testimonios de la responsable de la Oficina del Padrón del Ayuntamiento de Gandia y de quien en aquellos años ejerció de secretario accidental no dejaron lugar a dudas de que los documentos se alteraron desde el ordenador de la acusada, al que ella accedía con su clave.

Aplicando unas dilaciones indebidas «de las que se ha beneficiado la acusada», dijo el fiscal en alusión a los tres años que le quedan para jubilarse y la inhabilitación (1,6 años) que le reclama, concretó la petición de pena en dos años de cárcel frente a los seis que solicitaba y, para su pareja, en nueve meses de prisión en vez de tres años. Además de sendas multas de 1.260 y 720 euros respectivamente.

Para los 22 inmigrantes que han comparecido y que se avinieron a una conformidad concretó dos meses de prisión eludibles con multa y otra sanción que, en total y si hay condena, les supondrán el pago de unos 720 euros.