Un abogado de Alicante sancionado por la mala tramitación de un pleito demanda a la clienta por no pagarle 2.500 euros de minuta

 De piedra se quedó Vanessa Operé cuando el 19 de octubre de 2021 dos agentes judiciales se personaron en su cafetería, ubicada en la calle Pablo Iglesias de Alicante, para requisarle lo que en esos momentos había en la caja: 75 euros repartidos en un billete de 20, tres de 10, otros tres de 5 y diez monedas de un euro. La recaudación de las tostadas, zumos y cafés que había servido esa mañana. 

En un momento de máxima afluencia en el negocio, los funcionarios se llevaron el dinero y le comunicaron que tenía las cuentas embargadas mientras ella, atónita, y sus clientes, boquiabiertos, no daban crédito a lo que estaba sucediendo. 

Dos funcionarios judiciales se personaron en el café de la perjudicada y, delante de sus clientes, se llevaron los 75 euros que había en la caja

Los empleados públicos, en realidad, no estaban haciendo otra cosa que ejecutar una sentencia que obligaba a esta mujer a pagar 4.273 euros (3.288 de principal más 985 de intereses) en concepto de costas de un proceso que en es mismo momento se enteró de que había perdido, aunque la sentencia se había dictado catorce meses antes, el 11 de junio de 2020.

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Una resolución de la que el abogado contratado por Vanessa Operé para ese asunto, el letrado Antonio Penalva, no le había dado traslado impidiéndole no solo la posibilidad de recurrir sino la de plantear un fraccionamiento del pago. Eso sin contar con los intereses que se generaron en ese casi año medio de demora en el abono, que engordaron la deuda en casi otros mil euros.

De admitir el error a negarlo

La clienta pidió una explicación a su abogado, quien en un primer momento admitió su error e incluso se comprometió a dar parte (y de hecho lo dio) a la compañía con el que el Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) tiene contratada una póliza de responsabilidad civil para sus asociados, según consta en la grabación que de esa conversación realizó Vanessa. 

Una prueba que ha sido determinante para que el Icali resolviera el pasado junio calificar como «falta grave» la actuación de este colegiado, al que acordó suspender para el ejercicio de la abogacía durante un mes. 

Su postura inicial admitiendo el mea culpa en este desaguisado cambió por completo durante la tramitación del expediente disciplinario. De la asunción de la responsabilidad Penalva pasó a negar la existencia de cualquier negligencia profesional, a asegurar que su clienta siempre estuvo informada de la marcha y del resultado del pleito y a añadir que el que no se pudiera demostrar «fehacientemente» que le había comunicado el fallo no significaba que no lo hubiera hecho.

"Sin la debida diligencia"

La junta de gobierno del colegio resolvió que el abogado «no había actuado con la debida diligencia en cuanto a la información al cliente» incidiendo en que no existía «el más mínimo indicio de que la resolución le hubiera sido comunicada a su cliente». 

Y agregaba que «si bien es cierto que en una relación profesional no es necesario que todas las notificaciones se efectúen entre cliente y abogado sean de forma fehaciente, también no es nada normal que un cliente, independientemente de las desavenencias que pueda tener con el abogado como consecuencia del resultado adverso de pleito, le denuncie si en su momento se le informó debidamente de las resoluciones trascendentes, y entre ellas de la sentencia».

Según explica Vanessa, «la buena predisposición del principio (incluso llegó a remitir un escrito al juzgado pidiendo la suspensión del embargo en tanto que el impago no era imputable a a ella sino a un error suyo) se tornó casi de inmediato en largas a todo lo que le planteaba cuando veía que el seguro no se ponía en contacto conmigo o le preguntaba por la documentación que le había remitido a la compañía mientras yo seguía con mis cuentas bloqueadas teniendo que hacer frente a pagos en mi negocio».

En el parte a la compañía aseguradora el propio Penalva afirma que la «reclamación es procedente» y que «realmente se produjo el error de no notificar fehacientemente dicha sentencia condenatoria y el posterior embargo».  

Demandas

Tras haber tenido que hacer frente, y de la forma en que lo ha hecho, al pago de esos 4.200 euros por la negligencia del abogado, esta mujer acaba de responder ahora a la demanda que Penalva le ha presentado «en concepto de honorarios de letrado» por 2.500 euros. 

Vanesa relata que acordó con él que le minutaría un mínimo de 360 euros si se desestimaba la demanda y, en caso de resultado favorable, lo que no ha ocurrido, el 10% de lo que se consiguiera.

Desde diciembre de 2021 esta mujer viene realizando distintas actuaciones ante el Icali y, a la vez y relacionado con el expediente sancionador del colegio por el cual se inhabilita a Penalva, el pasado octubre presentó una demanda contra él y, subsidiariamente, contra la compañía aseguradora, que ha recaído en el juzgado de Primera Instancia número dos, «por la negligente actuación profesional de la que el demandado es responsable civil por la mala praxis e incumplimiento de la lex artis (la correcta actuación de un profesional)», en la que reclama el pago de esos 4.273 euros además de una indemnización por los por daños morales.

Este medio se puso en contacto con Antonio Penalva para que ofreciera su versión de los hechos, lo que el letrado declinó advirtiendo únicamente que tomará «las medidas penales y civiles necesarias».

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