Los sin nombre que vienen del mar

Ningún registro oficial existe del reguero de cadáveres que el tráfico de pateras en la conocida como «ruta argelina» ha ido dejando en el mar a lo largo de las últimas décadas. Se ha dicho que es la más letal después de la canaria, o que solo en el último lustro se puede hablar de 2.000 desaparecidos víctimas del tráfico ilegal de personas entre Argelia y Alicante, Murcia, Almería y las Islas Baleares.

La ONG Caminado Fronteras se ha atrevido incluso a cifrar en 434 las vidas que se ha cobrado esta travesía el pasado año mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Migraciones habla de 333 fallecidos en el Mediterráneo occidental en ese mismo periodo de tiempo.

Los sin nombre que llegan del mar

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 Pero lo cierto y verdad es que se sabe los que embarcan en busca de lo que no tienen. Y también los que llegan. Pero no los que se quedan en el camino. 

El inspector Manuel Rangel, jefe del grupo de pateras de la UCRIF (Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) de la Comisaría provincial de Alicante, calcula que la mitad de los que lo intentan pagan el peaje de no concluir la travesía. Y probablemente se quede corto. 

Viajes que en el mejor de los casos no duran menos de treinta y tantas horas, no siempre con la mejor mar y en embarcaciones precarias de apenas seis o siete metros de eslora compartidas con otros quince o veinte pasajeros, más las garrafas de gasolina. Y una brújula pinchada en un cubo de arena por todo GPS. 

Los datos

Es decir, que si el año pasado, según datos oficiales, llegaron a las costas de Alicante 60 pateras con 787 personas a bordo (702 hombres, 33 mujeres y 52 menores), es más que probable que otros tantas perecieran en el intento. 

 Un dígito difícil de digerir sin que haga daño pero, con todo, menor al registrado en el ejercicio anterior. 84 pateras que transportaron a 972 personas, lo que suma otro millar de probables bajas con las que estos éxodos migratorios sostenidos vienen sembrando de cuerpos el fondo del Mediterráneo desde hace décadas.

Cadáveres de los que solo en los últimos dos años han llegado 22 al Instituto de Medicina Legal (IML) de Alicante, único órgano que lleva lo más parecido a un registro tomando como referencia las autopsias que se les practican. 

Nueve en 2022, seis hombres y tres mujeres de los que solo se pudo identificar a dos, uno de cada sexo y ambos procedentes de Argelia. Y trece el año pasado, todos varones, de quienes se logró precisar la identidad de cuatro. Tres nacidos en Argelia y un cuarto en Guinea. En la mayoría de los casos porque portaban algún tipo de documentación, lo que no suele ser habitual, o por datos aportados por algún compañero de travesía que corrió mejor suerte.

Los "sin nombre"

Los dieciséis restantes, catorce hombres y tres mujeres, han pasado a engrosar el listado de los «sin nombre». Doce reposan ya en nichos sin identidad en el cementerio de Alicante y cuatro permanecen aún en las cámaras frigoríficas del IML, de cuya capacidad depende cuándo se pedirá a la autoridad judicial que acuerde el traslado al camposanto, donde tendrán los llamados «entierros de pobreza», que en estas décadas de éxodos se han repetido más de lo humanamente asumible.

«Obtenemos mucha información de los cuerpos, tenemos la ropa que llevan, los objetos personales, datos antropométricos, el ADN, pero no hay con quién cotejarlos. Ese es el principal escollo con que nos encontramos para lograr las identificaciones».

Quien así habla es José Manuel Muñoz, uno de los forenses del IML curtido en el examen post mortem de «cadáveres recuperados del mar», término que se utiliza en vez de «ahogados» porque, explica, «al llevar tanto tiempo en el agua es muy difícil determinar la causa de la muerte. Podemos precisar si el cuerpo presenta o no lesiones violentas, pero no si ha muerto por deshidratación, hipotermia o le han tirado al mar. Incluso es difícil concertar la data del deceso y si cuando cayó al agua estaba o no con vida. Los cadáveres llegan en muy mal estado».

Pero el estudio en estos casos no se limita a los restos que han tenido a bien dejar los peces (impresiona ver el estado de un cuerpo que ha permanecido un tiempo sumergido en el mar).

El forense, además de los análisis patológicos y toxicológicos, y de tomar muestras de ADN para un posible cotejo que raras veces se produce por falta de candidatos, fotografía cualquier marca distintiva que presente el cuerpo así como de la ropa u otro detalle, por insignificante que parezca, que pudiera ayudar a ponerle nombre y apellidos a esa persona. 

Una camiseta con un determinado dibujo, un pantalón de chándal con el escudo de un equipo de fútbol o una sudadera con un número en la espalda (los inmigrantes no suelen llevar abalorios ni tatuajes) puede marcar la diferencia entre que una familia en Argelia o en Marruecos llore por fin la muerte de su hijo después de meses y hasta años de angustia por una supuesta desaparición a la que muchas se agarran como a un clavo ardiendo con tal de no aceptar lo que en el fondo saben. 

«Cuando pasa un tiempo el juez acuerda la inhumación provisional de los restos por si apareciera alguien que aportara algo que permitiera su identificación. Creo que lograrlo, darle un nombre, una sepultura digna a esos restos es una labor no solamente humanitaria, sino judicial», precisa el forense. 

La buscadora de cadáveres

De esto sabe mucho Mina Attar, una marroquí de 50 años, de los que 22 los ha vivido en España, cocinera de profesión y con tres hijos en su haber. Una mujer decidida y resuelta que a principios de 2022 comenzó a buscar a su cuñado (del que no se tiene ninguna pista desde que el 3 de enero de ese año se marchó de Argelia en una patera tras ahorrar durante siete para pagar los 3.500 que le costó el pasaje) y que ha hecho de la ayuda a las familias que buscan a seres queridos desaparecidos en la emigración su leitmotiv.

Aunque en realidad Mina se estrenó en estas lides meses antes, en octubre del 21. Ella habla español y una amiga le pidió ayuda para una familia marroquí que intentaba localizar a un chaval del que lo último que sabían era que se había embarcado.

Un adolescente, otro más, que luego resultó ser un cadáver arrumbado en una morgue pendiente de identificación al que, en este caso, sus padres sí pudieron dar sepultura. 

«Empecé a buscar cadáveres y no he podido dejarlo. Soy madre y sé lo que significa perder a un hijo», afirma con naturalidad, como si patear juzgados, comisarías, tanatorios y cementerios, que es lo que ella hace en cuanto tiene un hueco libre, fuera lo más normal del mundo. 

Porque su actividad la ha extendido además a acompañar a quienes tienen la suerte de poder denunciar estas desapariciones, que son los menos. «Para la mayoría de las familias es imposible hacerlo porque eso les supone tener que viajar hasta España, lo que no pueden permitirse por muchas razones, desde económicas hasta de obtención de visados», acota en este punto el inspector Rangel, quien sabe de sobra de la dificultad que estas personas tienen para iniciar el proceso que permita poner nombre a tanto cadáver indocumentado. 

Mina, incansable, no duda en contactar a través de Facebook o como puede con familias que precisan esta ayuda y cuenta en su currículum con algunos «éxitos». Casos en los que gracias a la fotografía de un cinturón roído o de una camiseta ajada, una madre desde Marruecos ha podido llorar a través de la cámara de su móvil ante el nicho sin nombre en el que, a varios cientos de kilómetros, sabe por fin que descansa su hijo. Como hace unas semanas ocurrió en el cementerio de Alicante. Y no ha sido el único. 

Respaldada por la Liga marroquí por la ciudadanía y los derechos del hombre y la asociación Tahara, que preside el marroquí Samad Akrach y se hace cargo del coste de las repatriaciones, Mina tiene su objetivo: dar con la identidad de esos cuerpo y retornarlos a su tierra. 

Pero no es tarea sencilla. Tras esa primera identificación vía fotográfica, cuando se produce, queda el cotejo de las muestras de ADN tomadas a los cuerpos. Una labor harto difícil teniendo en cuenta que mayoritariamente los familiares directos ni están ni, por circunstancias ajenas su voluntad, se les espera.

Máxime con unas relaciones casi inexistentes con las autoridades consulares argelinas, como coinciden en destacar todos los que han requerido en algún momento la colaboración del Consulado. 

Huellas, dientes y pruebas biológicas

La Policía Científica, con todo, tiene establecido un protocolo que se activa en el momento en que entra una denuncia por desaparición. Lo realmente determinante son las huellas dactilares y las pruebas biológicas y odontológicas. Pero todo vale.

Con cada caso se completa un tríptico individualizado donde se anotan hasta la marcas de nacimiento. «Pero con los desaparecidos en pateras es más complicado porque en cuanto a las huellas, por ejemplo, al margen del mal estado en que se encuentren, se trata de personas que nunca han estado aquí ni han sido reseñadas, luego el cotejo es imposible», explica el inspector José Royo de la Brigada de Alicante.

Y, al margen de que las relaciones con Marruecos o Argelia sean más o menos fluidas, «allí, a diferencia de nosotros, no tienen un registro de perfiles genéticos solo para muestras de ADN, que se cruzan con las de cadáveres no identificados. Ni una base de datos, el sistema de Personas Desaparecidas y Restos sin identificar (PDyRH), con el que nos coordinamos con la Guardia Civil y otros cuerpos policiales», precisa Royo.

Quince denuncias al año

Tal cúmulo de condicionantes hace que en la Comisaría de Alicante, por ejemplo, apenas se registren unas quince denuncias al año por este tipo desapariciones cuya efectividad no supera el 10%.

Un porcentaje que podría elevarse solo con que se remitieran los perfiles genéticos de familiares directos de los desaparecidos, lo que en estos momentos es impensable. 

Detenciones y condenas

«Es gente muy vulnerable que no tiene medios para venir a denunciar», apunta Rangel, quien por su parte destaca las detenciones de patrones que se están practicando en Alicante (15 el año pasado y 18 el anterior) junto a las condenas que ya empiezan a dictarse para explicar el descenso que se ha registrado en la llegada de pateras, que prefieren costas con menos presión policial.

«Los jueces han empezado a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Presentando pruebas, hemos hecho que vean la realidad. Y el hecho es que las organizaciones se están quedado sin patrones», apostilla. 

El Ghalia, año y medio buscando a su sobrino: «supe que le había pasado algo malo cuando al día siguiente no llamó»

Mohammed Roudane tenía 23 años cuando el 5 de octubre de 2022 se embarcó en una patera. Había llegado por tierra desde el norte de Marruecos, donde vivía con su familia, hasta Argelia para desde allí cruzar a territorio español. 

A la una de madrugada, media hora antes de que el cayuco se hiciera a la mar, Mohammed llamó a su tía El Ghalia, quien lleva desde 2007 a caballo entre Crevillent y San Pedro del Pinatar, le dijo que estaban a punto de zarpar, que iba a apagar el teléfono y que la llamaría en cuanto llegara a España.

 «Pero no llamó. A la mañana siguiente empecé a llamarle yo y el teléfono daba apagado. Entonces supe que le había pasado algo malo», relata con la ayuda de la traducción de Mina esta mujer de 54 años que tiene toda la tristeza del mundo en su mirada. 

Desde entonces no ha parado de buscar a su sobrino. «Un chico guapo, ¿verdad?», pregunta con orgullo reprimido mientras muestra la foto del chaval en su móvil. «Era peluquero y hacía chapuzas, pero ven que otros chicos que se han ido mandan fotos con ropa nueva y se creen que todo es fácil aquí». 

Con cinco hermanos de entre 16 y 31 años, Mohammed es el primero de la familia que venía en patera, por lo que pagó 6.000 euros. «En la ciudad en la que residía con sus padres esta forma de emigrar está a la orden del día. No hay casa donde no falte un chico. Es una ciudad triste», cuenta El Ghalia, que tiene a su vez dos hermanos viviendo en Crevillent con los que comparte la angustia de no saber dónde está el cuerpo de su sobrino.

 Sin ninguna noticia de ninguno de los ocupantes de la patera en la que viajaba Mohammed, de los que tres familias han presentado denuncias por su desaparición, El Ghalia ha hecho lo propio en la Comisaría de Alicante.

Ahí le han tomado además una muestra de ADN que, al no tratarse de un familiar en primer grado, no serviría de mucho en el supuesto de que se localizara el cuerpo. Aunque después de un año y medio hasta ella sabe que eso es difícil que ocurra.