Trasladan del centro de régimen abierto a una prisión de Murcia al exalcalde de Bigastro condenado

El exalcalde socialista de Bigastro, José Joaquín Moya, se encuentra ya internado en un centro penitenciario cerrado de Murcia para cumplir los cuatro años a los que está condenado por quedarse con 70.440 euros de dinero del Ayuntamiento que presidía por la venta de suelo municipal. 

El exregidor ha sido trasladado a la prisión de Murcia II después de que el pasado día 31 ingresara voluntariamente en un Centro de Inserción Social (CIS) también de la capital murciana, el Guillermo Miranda. Unas instalaciones destinadas a presos en avanzado estado de reinserción o que puedan cumplir su condena en régimen abierto, requisitos que no se daban en este caso. 

Con capacidad para un millar de reclusos y ubicado en el municipio de Campos del Río, en el interior de la Región, el centro penitenciario de Murcia II se encuentra, tomando como referencia el lugar de residencia del exprimer edil, a la misma distancia que el de Fontcalent (ambos están a unos 60 kilómetros y a alrededor de 45 minutos de coche) y algo más próximo que el de Villena (104 kilómetros y algo más de una hora de coche desde Bigastro).

Ubicado provisionalmente en segundo grado, en los próximos meses el exalcalde será clasificado, ante lo que podrá recurrir en caso de no estar de acuerdo.

Moya, de 74 años de edad, fue condenado inicialmente por estos hechos a cuatro años y medio de prisión, pero pudo beneficiarse de la modificación del delito de malversación, lo que ha permitido rebajar la condena en seis meses, según el fallo del Supremo.

Más cuentas con la Justicia

Pero ésta no es la única cuenta que tiene pendiente con la Justicia quien fuera conocido como «el Califa de la Vega Baja», una de las personas más influyentes dentro del PSOE de la comarca y de la provincia, especialmente en los 80 y 90. 

Desde que Moya fuera detenido a finales de octubre de 2008 ha sido condenado en firme a penas que suman más de 20 años de inhabilitación por prevaricación. Además tiene cuatro condenas de prisión que acumulan casi 16 años. La de malversación, por la que ha entrado ahora en la cárcel, y tres condenas consecutivas dictadas por la Audiencia el pasado mes de enero.

Deberá cumplir cuatro años y medio de prisión por apropiarse de 127.000 euros de la venta de suelo público en el sector D12, lo que aún puede recurrir ante el Supremo. Otros cuatro años y seis meses por un delito de malversación y otros cuatro de inhabilitación por prevaricación administrativa, este último fallo también en relación con el sector urbanístico D12 por los 312.000 euros del aval que entregó la promotora para quedarse el aprovechamiento del 10% del suelo de dicho sector, tasado en 1,5 millones de euros.

Conformidades

Y, tras un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha aceptado otros dos años y tres meses de prisión también por malversación de caudales públicos. Esta cuarta condena, dictada a mediados de enero, lo fue por conformidad a 27 meses de cárcel para reducir la petición inicial de la Fiscalía.

Quince años después de estallar el «caso Bigastro», restan por juzgarse causas relevantes en las que la Fiscalía pide más penas de cárcel. Tal es caso del regalo a Moya de un coche de alta gama por parte de unos empresarios a los que habría concedido obras. O el supuesto pago ilegal de la Seguridad Social a más de 40 vecinos por parte del municipio pese a no tener vinculación laboral con el mismo.

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