El exalcalde de Bigastro José Joaquín Moya ingresa en un centro de régimen abierto para cumplir una condena por quedarse con dinero público

El exalcalde socialista de Bigastro José Joaquín Moya ha ingresado voluntariamente en un centro penitenciario de régimen abierto de Murcia para cumplir los cuatro años en que dejó el Supremo la condena por malversación dictada por la Audiencia de Alicante por quedarse con dinero de la venta de suelo municipal.

El exregidor, de 74 años de edad, se presentó en el Centro de Inserción Social (CIS) Guillermo Miranda de Murcia a últimas horas de la tarde del miércoles, donde permanece desde entonces.

Moya fue condenado inicialmente por estos hechos a cuatro años y medio de prisión, pero pudo beneficiarse de la modificación del delito de malversación, lo que ha permitido rebajar la condena en seis meses.

El exsecretario municipal Antonio Saseta, castigado asimismo por estos hechos, también redujo de tres a dos años su condena .

Por estas actuaciones, Moya tiene que indemnizar al Ayuntamiento del que durante un cuarto de siglo fue su primer en 70.440 euros más otros 26.000 de forma solidaria con el exsecretario.

Tercera condena consecutiva para el exalcalde de Bigastro, que suma 11 años de cárcel en menos de una semana

Según ha podido saber este medio, el exalcalde habría pedido directamente su ingreso en este CIS de Murcia, donde de momento se encuentra, aun cuando se trata de instalaciones destinadas a presos en avanzado estado de reinserción o que puedan cumplir su condena en régimen abierto, requisitos que en principio no se darían en el caso de Moya.

Sí que podría haber alegado el exprimer edil su edad, una de las condiciones que fija el Código Penal en su artículo 36 para la clasificación en el tercer grado, lo que únicamente le obligaría a ir a dormir el centro.

Este asunto comenzó a investigarse en 2006 en un juzgado de Orihuela desde donde se remitió a la sección Séptima de la Audiencia de Alicante con sede en Elche para su enjuiciamiento, lo que no ocurrió hasta 2019 dictándose la sentencia hace tres años, el 22 de enero de 2021. La resolución del Supremo rebajando la pena a ambos encausados y dando firmeza a la anterior es de octubre del año pasado.

"El califa de la Vega Baja"

Conocido como el “Califa de la Vega Baja”, durante sus 25 años como alcalde de Bigastro (1983- 2008), Moya fue una de las personas más influyentes dentro del PSOE de la comarca y de la provincia, especialmente en los 80 y 90, y compaginó su cargo con el de diputado provincial. Después fue también senador. En la actualidad está jubilado.

Comenzó a ser investigado por la Guardia Civil en 2006, tras las denuncias realizadas por la oposición y particulares por operaciones urbanísticas durante el boom inmobiliario como telón de fondo. Moya dimitió mientras se encontraba en prisión preventiva en noviembre de 2008 tras ser detenido en el marco de una operación de la Guardia Civil que investigaba su gestión como primer edil en una operación que dejó la imagen para el recuerdo del registro por las fuerzas de seguridad del Consistorio con el todavía primer edil esposado.

Más condenas

Desde que Moya fuera detenido a finales de octubre de 2008 ha sido condenado en firme a penas que suman más de 20 años de inhabilitación por prevaricación y tiene cuatro condenas de prisión que acumulan casi 16 años. La de malversación, por la que ha entrado ahora en la cárcel, y tres condenas que fueron consecutivas el pasado mes de enero por parte de la Audiencia.

Deberá cumplir cuatro años y medio de prisión por apropiarse de 127.000 euros de la venta de suelo público en el sector D12, lo que aún puede recurrir ante el Supremo. Otros cuatro años y seis meses por un delito de malversación y otros cuatro de inhabilitación por prevaricación administrativa, este último fallo también en relación con el sector urbanístico D12 por los 312.000 euros del aval que entregó la promotora para quedarse el aprovechamiento del 10% del suelo de dicho sector, tasado en 1,5 millones de euros.

Y, tras un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha aceptado otros dos años y tres meses de prisión también por malversación de caudales públicos. Esta cuarta condena, dictada a mediados de enero, lo fue por conformidad a 27 meses de cárcel para reducir la petición inicial de la Fiscalía.

Hace referencia a pagarés y cheques que cobró o ingresó Moya en empresas en las que tenía intereses mercantiles el propio alcalde, como el hotel Vistabella Palace o una revista de carácter comarcal, además de los gastos de la tarjeta de crédito municipal que no se justificaron o ingresos en su cuenta. La sentencia obliga a Moya y al exsecretario municipal a indemnizar a las arcas municipales en 77.858 euros.

Todas las condenas dictadas contra el regidor también lo han sido contra el que fuera su secretario entre 1999 y 2011, aunque más leves en cuanto al castigo penal.

Años después de dejar el cargo Moya, el nuevo equipo de gobierno llegó a declarar la bancarrota y pedir la ayuda del Gobierno para el pago de nóminas del personal, por ejemplo.

Causas pendientes

Quince años después de estallar el "caso Bigastro", restan por juzgarse causas relevantes en las que la Fiscalía pide más penas de cárcel. Tal es caso de la investigación del regalo a Moya de un coche de alta gama por parte de unos empresarios a los que habría concedido obras. O el supuesto pago ilegal de la Seguridad Social a más de 40 vecinos por parte del municipio pese a no tener vinculación laboral con el mismo.

En los juzgados está por resolver otro procedimiento por "compensaciones” recibidas por Moya mientras era alcalde. Y una causa pendiente más es la que investiga el destino de varias subvenciones de distintas administraciones que el alcalde habría empleado para un proyecto de hotel rural en Vistabella (Jacarilla) que no se llevó a cabo.

Las penas que acumula por prevaricación, sin de cárcel, lo han sido por autorizar un parque solar en un suelo protegido de La Pedrera a un familiar, permitir la tramitación de una urbanización con un resort en suelo rústico y ordenar el pago de la asesoría jurídica del Ayuntamiento durante diez años sin contrato, un caso resuelto con un acuerdo de conformidad extrajudicial.