El exalcalde de Bigastro acepta otros 27 meses más de cárcel por quedarse dinero público

José Joaquín Moya, quien fuera alcalde socialista de Bigastro entre 1983 y 2008, concretamente, hasta el 28 de octubre, fecha de su detención por la Guardia Civil, ha aceptado este jueves una condena de conformidad, tras llegar su defensa a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en relación con otra de las piezas por las que se le investigaba en los juzgados de Orihuela, relativa a las irregularidades en su gestión al frente del Ayuntamiento. El consistorio, representado por el abogado Marcos Sánchez Adsuar, ha ejercido la acusación en el procedimiento para que se reintegre el dinero.

La pieza por la que ha admitido los hechos a cambio de una reducción de la pena hace referencia a pagarés y cheques que cobró o ingresó en empresas en las que tenía intereses mercantiles el propio alcalde, como el hotel Vistabella Palace o una revista de carácter comarcal, además de los gastos de la tarjeta de crédito municipal que no se justificaron o ingresos en su cuenta.

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El que fue secretario durante aquellos años, Antonio Saseta, también procesado, ha llegado igualmente a un acuerdo con el acusador público que, en su caso y por el mismo delito, tendrá que cumplir 15 meses de prisión. La sentencia obliga, además, a ambos acusados a indemnizar a las arcas municipales en 77.858 euros, aunque las cantidades que describe en su escrito el acusador público sean, sumadas, mucho mayores.

"Prevaliéndose del ejercicio..."

Del acuerdo alcanzado se da por probado que José Joaquín Moya, "prevaliéndose del ejercicio de las funciones propias de su cargo y, en particular, de las concernientes a la gestión económica y contable del consistorio, ordenó, actuando con el propósito de lucrarse ilícitamente, el libramiento de efectos cambiarios sin que existiese causa, negocio jurídico o relación jurídica subyacente para ello", dice el acuerdo. La Fiscalía relata en el mismo una serie de pagarés y de importes, que van de 2004 a 2007, que habría cobrado para su beneficio propio.

Así, el 16 de abril de 2004, uno de 3.000 euros ingresado al hotel Vistabella, del que el "Ayuntamiento no tiene constancia de su emisión ni dispone de soporte documental alguno que lo justifique". Otro de fecha 21 de abril del mismo año por la misma cantidad e ingresado en una cuenta, del cual tampoco, "el Ayuntamiento tiene constancia de su emisión ni dispone de soporte documental alguno que lo justifique" (una frase que se repite para otros pagos). Otro más de 3.000 euros, que hizo efectivo Moya en una oficina bancaria el 20 de abril de 2004 e ingresó en una cuenta. Un cuarto, también de 3.000 euros que también cobró el regidor el 1 de junio de 2004. Y uno más de 3.000 euros, el 15 de abril, que Moya ingresó en la cuenta de un medio de comunicación, una revista que tuvo a conocidos periodistas de la comarca al frente durante su vida. Hay más cheques, hasta seis, para dicha empresa audiovisual: el 17 de diciembre de ese año, por 6.000 euros; el 2 de marzo de 2005, por 5.000 euros; el 26 de abril de 2005 por 1.200 euros; el 8 de junio, por 6.000 euros. Otro más por el mismo importe el 18 de julio y uno de 9.000 euros el 23 de enero de 2006. Por último, añade, el exalcalde retiró un pagaré por 64.400 euros el 25 de mayo de 2007, "de su importe solo se aplicó al pago de facturas del Ayuntamiento 42.451,5 euros", dice la sentencia.

La Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento y el hotel Vistabella "no mantuvieron relaciones comerciales durante los años 2004 y 2007". Del establecimiento comercial era socio y administrador único el propio José Joaquín Moya. En total, las facturas a la mercantil de comunicación asciende a 36.200 euros, "sin que el Ayuntamiento tenga constancia de la emisión de dichos pagarés ni el concepto al que obedecen, habiendo la mercantil declarado a la AEAT relaciones comerciales en dicho periodo únicamente por 9.360,8 euros".

Aportaciones a una revista y a un hotel

Dice el fallo que el entonces alcalde, "prevaliéndose del ejercicio de sus funciones, no aplicó las cantidades hechas efectivas con los efectos cambiarios relacionados con cargo al erario público para hacer frente a fines públicos, sino que dispuso de las mismas como propias para aplicarlas a otros fines ajenos a la función pública". La sentencia añade que Moya hizo aportaciones a la mercantil de medios por valor de 164.620 euros entre los años 2003 y 2007, una empresa de la que, además, fue apoderado dos años antes, concretamente en marzo de 2001, para pasar dos meses más tarde, en mayo de 2001, a socio a través, precisamente, de su participación en el citado hotel. Ocupó en el medio de comunicación el cargo de "secretario de la misma desde junio de 2002, socio a título personal y consejero desde el 30 de abril de 2004, y pese a ello decidió durante el año 2004 como alcalde y en el ejercicio de sus funciones que la mercantil de medios prestase servicios de publicidad al Ayuntamiento de Orihuela".

Dicen los hechos probados que, "a sabiendas de lo radicalmente ilícito de su proceder y de la arbitrariedad que este suponía, ordenó el pago a favor de esta mercantil antes de que los servicios hubiesen sido prestados, antes de que las facturas hubiesen sido presentadas y antes de que fuesen aprobadas por comisión de gobierno, siendo finalmente aprobados los pagos de facturas, pese a no constar en las mismas la firma del técnico municipal que acreditase la efectiva prestación del servicio reflejado. Los hechos probados reproducen entonces otros pagos, ambos de 2.000 euros, con cheque al portador que aprobó en junta de gobierno en 4 y el 5 de abril de 2004. "El acusado actuó de esta forma pese a ser consciente de lo ilícito de su proceder al actuar en representación del consistorio y de una empresa privada en el ámbito del mismo expediente administrativo en el que se acordaban pagos a cuenta por servicios no prestados con cargo a fondos municipales sin que, para la aprobación de las correspondientes facturas en juntas de gobierno, exigiera la correspondiente acreditación de la efectiva prestación de los servicios".

"Enriqueciéndose injustamente"

Dicen también que "al ostentar el cargo de alcalde también actuaba como ordenador de pagos del Ayuntamiento. En interés propio cobró numerosas cantidades con cargo a los fondos municipales a lo largo de los años en los que ejerció sus funciones como primer edil del Ayuntamiento de Bigastro, sin presentar posteriormente la justificación de su aplicación a los intereses municipales, enriqueciéndose injustamente con las cantidades recibidas, haciéndolas propias sin destinarlas a ninguna finalidad pública". Los hechos que se consideran probados, reproducen también una serie de otros pagos pequeños, que muchas veces se justifican solo como "gastos", "gastos de representaciones", "gastos de viaje", "gastos a justificar"... de esos años entre 2004 y 2008 y que van desde cantidades ínfimas, como 35 euros hasta los 2.700 euros. En total suman 96.000 euros, "sin que haya justificado su aplicación a fines públicos, condición a la que se supeditaba las entregas monetarias relacionadas".

Dice el fallo que haciendo uso de una tarjeta bancaria pagó también otros gastos, entre 2004 y 2008, "sin justificar la necesidad ni destino de los mismos ni que estos fueras aplicados para hacer frente a necesidades públicas". Cantidades que van entre los 13.168 euros de 2004 a los 8.205 euros de 2007.

Secretario

¿Y el secretario?. La Fiscalía entendía que nada de estos gastos de Moya hubieran sido posibles sin conocimiento del fedatario municipal, quien ingresó en el Ayuntamiento en 1999 y dejó el cargo en 2011, curiosamente casi tres años después de la detención de Moya y después de que el PP perdiera la Alcaldía a manos del PP, de la mano de Rosario Bañuls. "Moya pudo llevar a cabo las actuaciones descritas gracias al comportamiento, activo y omisivo, de Antonio Saseta, que ostentaba el cargo de secretario-interventor del Ayuntamiento, quien pese a tener pleno conocimiento de las esenciales funciones que debería desempeñar en el control del gasto y fiscalización de la gestión económico financiera del consistorio, nunca cumplió su obligación de recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos (...) como tampoco llevó a cabo su actuación relativa a la fiscalización de los gastos. Por lo que asumía y admitía el indebido uso y disposición de usos públicos".

Otro funcionario

La Fiscalía encontró más irregularidades en el área de contabilidad donde había otro funcionario, contra el cual no se dirigían las actuaciones y que ya ha fallecido, Dice así que era el encargado del control de las justificaciones documentales de los gastos realizados por Moya, "siendo consciente de lo ilícito de las disposiciones dinerarias que con fondos públicos realizaba aquél y prevaliéndose del ejercicio de las funciones que dentro del Ayuntamiento de Bigastro tenía encomendadas, depositó distintas cantidades detraídas, de forma irregular por el acusado de los fondos municipales en distintas cuentas de Moya (1.300 euros, 6.000 euros, 18.585 euros) y del Hotel Vistabella, del que este era socio (7.000 euros y 15.350 euros), además de dos de los pagarés por 3.000 y 9.000 euros".