Abogados exigen concretar el pase al sistema público de su aportaciones a la Mutualidad
El movimiento #J2 reitera su exigencia de pensiones dignas y la pasarela al RETA de los mutualistas alternativos, casi 1.700 en Alicante

Imagen de la protesta de abogados hace dos semanas en Madrid. / INFORMACIÓN
La asamblea extraordinaria de la Mutualidad de la Abogacía celebrada el pasado sábado evidenció una muestra más de la desafección entre la entidad y los mutualistas alternativos, que luchan para exigir unas pensiones dignas y por el traspaso en condiciones de las aportaciones realizadas a la entidad aseguradora al sistema público de pensiones, como si hubiesen estado cotizando a la Seguridad Social.
Por ello, desde asociaciones y movimientos como #J2, que agrupa a abogados y a procuradores, reclaman a la Mutualidad que deje de obstaculizar la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y en la asamblea del pasado sábado mostraron su rechazo rotundo a las propuestas de mejora de coberturas planteadas por la entidad aseguradora en materia de incapacidades para mutualistas alternativos en activo del plan universal de la Abogacía. En el Colegio de la Abogacía de Alicante hay 1.673 mutualistas alternativos.
Una semana antes ya se manifestaron en Madrid unos 12.000 abogados y abogadas de todo el país para denunciar las pensiones «indignas» que están recibiendo actualmente los abogados mutualistas y en la asamblea del sábado pidieron la dimisión de la junta directiva tras votar más del 80% en contra de las medidas planteadas por la Mutualidad.
Por su parte, la Mutualidad emitió otro comunicado donde asegura mantener su compromiso de mejorar las prestaciones a sus mutualistas pese a la votación en contra. El presidente de la entidad, Enrique Sanz, se refirió al «comportamiento insolidario de quienes anteponen su interés personal por encima del bienestar común del conjunto de mutualistas alternativos».
El movimiento #J2 señala en un comunicado que la Mutualidad planteaba «reformas ilusorias para disimular la insuficiencia de prestaciones, pero llegan tarde y siguen muy lejos de la protección que brinda el sistema público, constituyendo un nuevo parche». Asimismo, afirman que el sistema mutualista alternativo ha resultado fallido y la Mutualidad «debería asumirlo y dejar de obstaculizar la pasarela al RETA, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha comenzado a tramitar».
En la asamblea del pasado sábado, algunos mutualistas alternativos destacaron que «las mejoras que se pretendían aprobar son a todas luces inoportunas», ante la postura del Gobierno favorable a la desaparición de la alternatividad en 2027 y la obligatoriedad de que todos los colectivos pasen a cotizar al RETA y por tanto tengan cubiertas todas las prestaciones, según el comunicado del movimiento #J2.
Cobertura oncológica
Según la Mutualidad, la primera de las tres principales mejoras rechazadas por los asambleístas convocados es «la mejora de la prestación por incapacidad temporal profesional en las coberturas de salud mental y la cobertura oncológica sin impacto en la prima». El rechazo a esta última medida, que era efectiva desde el pasado 1 de enero de 2024, supone que los perceptores de esta cobertura dejarán de percibir la prestación, afirma la Mutualidad. Asimismo, se ha rechazado también la mejora de las prestaciones para las madres en caso de aborto espontáneo o por motivos de riesgo para la salud de la madre.
Las otras dos medidas rechazadas están relacionadas con una nueva cobertura de incapacidad permanente profesional para la profesión habitual, y con una nueva cobertura por cese de actividad.
En cuanto a la pasarela al RETA, la entidad destaca la necesidad de que respete «los principios de voluntariedad y de respeto al modelo financiero de la Mutualidad, que durante décadas ha resultado de gran valor para miles de mutualistas».
Desde la entidad aseguradora critican que estas medidas se hayan anunciado sin que se haya producido un diálogo previo, ni consulta a Mutualidad como parte implicada. Enrique Sanz señala al respecto que «la propuesta del Gobierno supone un evidente recorte de derechos para cientos de miles de mutualistas y autónomos, que no podrán contar con un sistema alternativo al RETA para gestionar con autonomía su previsión social».
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