"Para los abogados es muy difícil trabajar con una administración de Justicia que no funciona"

Socio director de Gally Abogados, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante y de la Escuela de Práctica Jurídica y miembro de la comisión mixta del Máster de la Abogacía y la Procura, Ignacio Gally (Mutxamel, 1971) confiesa su pasión por la formación, materia de la que es responsable en el Icali y en la que le gustaría emplearse cuando el próximo 22 se incorpore al Consejo General de la Abogacía.

En ocasiones, menos de las que a él le gustaría, cambia la toga por el micrófono y pone voz a Situación Límite, la banda a la que se incorporó en 2017 «con el fin de divertir y divertirnos», y a la que no piensa hacer de menos por su nueva responsabilidad al frente del Icali. 

PREGUNTA: ¿El abogado nace, se hace o, como le ocurrió a usted, se mama en casa?

RESPUESTA: Yo creo que nace, se hace y también se mama. El abogado tiene unos principios que le son inherentes, como es la defensa de los intereses de los demás, la voluntad de luchar por ellos, la búsqueda de la Justicia… y eso se tiene o no se tiene. Pero también se hace porque es un profesión en la que nunca se acaba de formarse. Y por supuesto que se mama, sobre todo cuando tienes la suerte de nacer en una familia en la que algún miembro está vinculado al mundo jurídico, como es el caso de mi padre, José María Gally. 

¿Cuál es la lección más importante que le ha enseñado?

Que para ser buen abogado primero hay que ser buena persona.

Salió usted elegido por aclamación. ¿A qué atribuye que no se presentara nadie a las elecciones a decano?

Me habría gustado que un grupo se hubiera presentado pero la lectura que le doy, porque así me la han trasladado, es que había muchos compañeros que no solo estaban de acuerdo sino incluso ilusionados con que yo encabezara la junta. 

También puede ser por falta de interés. 

Si, lo he pensado también. Y la lección que saco es que hay que mover más el colegio para motivar a esos colegiados que igual hubieran querido involucrarse en esto y no lo han hecho.

Usted lleva en el Icali desde 2010 como diputado y desde 2018 como vicedecano. ¿Va a ser un mandato continuista?

He tenido la suerte de compartir junta con dos decanos, Mariano Caballero y Fernando Candela, que son muy distintos pero de los que he aprendido mucho. Y lo que se aprende y funciona, hay que darle continuidad, pero mejorándolo. Sería absurdo llegar y dejarlo todo como estaba. A nivel interno quiero un colegio más ejecutivo, que preste servicio a los colegiados y, de puertas para afuera, tener un punto más reivindicativo, lo que no significa que Fernando no lo tuviera. Pero creo que, por la situación en que nos encontramos, hay que defender la profesión con uñas y dientes. 

¿A que situación se refiere?

Hay varios puntos en los que tenemos que seguir trabajando y ser más reivindicativos, como es la jubilación (mutualidad) de los compañeros y compañeras, que es muy preocupante y que tenemos que solucionar. La remuneración del turno de oficio, que hemos hecho bien pero hay que continuar luchando por ello. Y que la administración de Justicia funcione mejor porque para nosotros es muy difícil trabajar con una administración que no funciona.

¿Cómo se puede conseguir esto último desde un colegio profesional?

Las nuevas tecnologías son la herramienta principal que la propia administración está ofreciendo para intentar agilizar la Justicia. En la medida en que nosotros, como colectivo profesional, podamos colaborar en la puesta en marcha de todos los medios tecnológicos, así lo haremos. Porque partimos de la base, y son cosas que no se entienden, de que varias comunidades autónomas tienen distintos sistemas de gestión no coordinados con el resto. Es absurdo. Son situaciones ilógicas que impiden evolucionar.

¿La irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de la Justicia es una ayuda o un peligro?

No veo ningún peligro. En absoluto. La IA puede ser una herramienta muy útil. Está claro que hay que aprender a usarla, que hay que adaptarse... pero es como si hubiéramos dicho que el correo electrónico, cuando empezó a usarse, podía afectar a la relación profesional entre el abogado y el procurador. El valor que tenemos que dar los abogados es el humano. Y el que tenga ese plus de humanidad, apoyado en nuevas tecnologías o en la IA, no tiene porque tener miedo a que su trabajo pierda valor.

Antes se ha referido a la jubilación digna. ¿No la tienen?

Cuando muchos de nosotros nos incorporamos a la profesión, yo lo hice en el 95, no nos planteamos otra alternativa que darnos de alta en la mutualidad aunque a partir del año siguiente, en el 96, ya se podía elegir entre eso y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). ¿Qué ocurre? Que ahora las previsiones de jubilación de la mutualidad no son las que pensamos que iban a ser y hay que solucionar esa situación. Pero dependiendo de cada perfil, se podrá o no. 

¿De qué depende?

Los que puedan llegar a la cotización mínima, quizá lo mejor sea pasarse a autónomos y continuar con la mutualidad como un sistema complementario de ahorro. Aunque en cuanto a la cobertura es mejor el Reta, el sistema de ahorro que prevé la mutualidad tiene una rentabilidad muy alta y está garantizado. El dinero está ahí y no se va a perder. No ha quebrado. Pero es verdad que la tendencia es que todos nos demos de alta como autónomos. Y ahí el colegio va a ofrecer a los compañeros un asesoramiento específico para que cada uno vea cuál es su situación y qué les interesa más.

Y la conciliación de la vida familiar que se ha planteado como reto, ¿cómo se hace?

Se tendrá que hacer valer desde el Consejo de la Abogacía, presionar al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas para que al menos tengamos nuestras vacaciones y, sobre todo, la desconexión digital. Vivimos anclados al mail, como otras muchas profesiones, y el estrés que supone estar pendiente de las notificaciones te impide en muchas ocasiones compaginar tu vida personal con la profesional. 

¿Está asegurada la remuneración del turno de oficio que tanto costó conseguir?

Se está pagando con la puntualidad de antes pero tenemos un problema muy importante, que son las denegaciones de Justicia gratuita por falta de la documentación que se exige a quienes la solicitan, y que en muchos casos es imposible que la puedan aportar. Estamos hablando, por ejemplo, de inmigrantes, que ni la tienen ni la pueden conseguir. 

¿Qué se hace entonces?

El abogado ofrece un servicio público, lo presta y no lo cobra. Nos dicen que nos han subido los baremos, y está muy bien, pero lo que queremos es cobrar por lo que trabajamos. Lo que nos suben por un lado nos lo bajan por el otro. Porque no puedes negarte a prestar el servicio por el mero hecho de que le hayan denegado la gratuidad. 

¿Y en el caso de las empresas?

Con las empresas pasa lo mismo. Ahora, con la modificación del Código Penal, las empresas que no designan a un letrado y que son responsables penales en un proceso, se les designa uno del turno de oficio (hay entre 1.372 dados de alta). Pero no tienen derecho a la Justicia gratuita. Luego tu eres letrado en un procedimiento de fraude fiscal o empresas liquidadas, por ejemplo, y haces un trabajo por el que no cobras. Te toca jurar la cuenta a la empresa y, cuando ha acabado el procedimiento y sigues sin cobrar, repercutirlo entonces a la conselleria. 

¿Qué dice la consellera al respecto?

Se lo comunicamos en una primera reunión, pero acababa de tomar posesión. Queremos reunirnos de forma inmediata con el responsable de este área en la conselleria.

Los abogados se quejan de que no siempre se sienten bien tratados por otros operadores jurídicos (magistrados, fiscales… ) ¿Se puede hacer algo desde el colegio para cambiar determinadas actitudes?

Quiero retomar las “mesas de la Justicia”, que eran unas reuniones informales donde se hablaba con los distintos actores de la Justicia (jueces, fiscales, funcionarios…) para tratar de una manera informal temas del día a día. Creo que son más efectivas que reuniones más formales porque cuando se ha hecho, ha funcionado.

¿Cuándo ha ocurrido?

Cuando decretaron el confinamiento por el covid se crearon unas comisiones provinciales de Justicia. Teníamos reuniones on line cada tres o cuatro días con el presidente de la Audiencia, el fiscal jefe, los decanos de cada partido judicial… y resultaba súper efectivo porque era un encuentro informal en el que se hablaba de tú a tú. Eso permite trasladar los problemas que tenemos a quienes no los ven, y al revés. Y convencerles de que todos somos administración de Justicia y que a todos nos interesa que esto funcione.

Pero en Justicia hay muchos reinos de taifas. Por mucho que se le diga al presidente de la Audiencia, el fiscal jefe o a los decanos…

Igual soy un iluso y no lo consigo, pero mi intención es que a esas reuniones vengan los propios jueces de cada partido judicial. Al final la idea es irse a comer un menú a escote y poder hablar de manera distendida de los problemas que tenemos a diario. 

¿Cree que el Icali responde a las necesidades reales de los colegiados?

Sin lugar a dudas. Pero tenemos un problema de comunicación. Muchos compañeros dicen que no saben qué hacemos en el colegio. Y yo a eso le quiero dar una vuelta. Porque aunque la comunicación ha cambiado mucho en unos años, hay que mejorarla aún más. Y es muy importante que los colegiados sepan lo que hacemos.

Los hay que echan en falta, por ejemplo, que el colegio gestione una central de compras para las necesidades de los despachos.

Una de las comisiones que acabo de crear con la nueva junta es la de Transparencia y convenios para que todos los acuerdos que tengamos se hagan públicos. Convenios con una editorial, un periódico, una agencia de viajes, un gimnasio… Que pertenecer al Icali sea un plus. Eso ya se venía haciendo, pero si no se conoce... 

No hace mucho un letrado sancionado por el Icali por mala praxis ha demandado a la clienta por no pagarle su actuación en ese asunto, del que ella ha salido perjudicada. ¿Cuál tiene que ser la postura del colegio ante casos de este tipo?

Uno de los pilares principales del colegio es la deontología. Nosotros debemos velar porque se cumpla el código ético. Y con quien no lo haga, tenemos que tomar medidas. Pero hay un problema grave con los compañeros que no solo incumplen el Código Deontológico sino que llegan a cometer un delito. La competencia en cuanto a la sanción penal que lleva aparejada la inhabilitación corresponde a los tribunales. Y hasta que no hay sentencia firme no se le puede dar de baja. 

¿Realmente cree que la Comisión de Deontología funciona como debería hacerlo?

Creo que sí. En los últimos años la hemos mejorado porque tenemos un grupo de compañeros y compañeras externos a la junta que tramitan y sancionan los expedientes de deontología y hemos unificado criterios para que las sanciones sean iguales para todos y que la gente los conozca de cara al cumplimiento del código. La idea es seguir en esa línea. ¿Que se te puede escapar alguno? Si. Pero en ningún caso hacer la vista gorda porque todos los que incumplen el Código Deontológico nos perjudican a los demás. 

No siempre lo parece.

Porque a veces se confunde nuestra obligación de velar por el cumplimiento del código ético con la posible responsabilidad contractual, tanto por un defectuoso cumplimiento como por la exigencia por parte de terceros. Nosotros no podemos entrar ahí. Si la infracción se ha producido por incumpliendo del código y el profesional pretende reclamar sus honorarios habrá que plantear por quien corresponda que ese trabajo no está bien prestado. Pero el Icali no puede entrar ahí porque el que un letrado reclame sus honorarios es ajeno a la actividad colegial, entra dentro del ámbito privado. El cliente tiene que defenderse alegando todo lo que el profesional haya hecho mal. 

También ha habido casos reiterados de mala praxis de administradores concursales. ¿No puede hacer nada el colegio?

 Nuestra obligación es aportar el listado y la del jugado, nombrarlos. El colegio no pude ser responsable de que no se cumpla el orden de designación. 

¿Y alertar de administradores que están incursos en procedimientos judiciales?

Nuestra obligación es mandar el listado con la gente que esté dada de alta. No podemos dar de baja a nadie por el mero hecho de que se está incoando un procedimiento judicial. No hasta que haya una resolución judicial. No extralimitaríamos.

¿Cómo contempla el colegio la aplicación de la Ley de Eficiencia Judicial cuya aplicación está a la vuelta de la esquina? 

Nosotros solo podemos exigir que la Administración ponga los instrumentos para aplicar este cambio normativo, pero solo a ella corresponde facilitarlos. Yo me tengo que preocupar por los nuestros, que los tenemos. Muchas veces se legisla sentando en un despacho sin saber si se tiene los medios para desarrollar esa modificación y lo que cuesta.

¿En este caso está ocurriendo eso?

En la práctica ya se están haciendo muchas vistas por videoconferencia.

Pero otras muchas no se pueden hacer porque fallan las conexiones.

Ya, pero a veces no es tanto por la propia administración como por quien recibe la comunicación… hay que mejorar en esto.

¿Es optimista?

Yo creo que esos cambios costarán más o menos pero si la administración los ha puesto en la mesa es porque sabe que tiene los medios. Y una vez que se implanten van a acabar dotando de agilidad a la administración de Justicia. Yo soy muy positivo.

¿Cómo se enfocan con positividad señalamientos para 2025 e incluso para 2026? ¿El colegio puede hacer algo?

El colegio puede y tiene que quejarse. Pero no podemos hacer nada más. Y eso que tenemos el problema de cómo se lo explicas al cliente. Porque nosotros vendemos un servicio que depende de un tercero, que es la administración de Justicia, y todos sabemos que si es lenta, no lo es. Hay gente que la principal angustia que tiene en su vida no se resolverá hasta 2025. Eso es un problemón y tenemos que intentar que se agilice.

¿Cómo? 

Los medios tecnológicos permiten agilizar, pero no todo es eso. Hacen falta más juzgados, posibilidad de celebrar juicios por las tardes…

Desde su experiencia profesional, ¿estamos mejor o peor que hace una década?

Técnicamente la Justicia ha ido a mejor. La calidad de las resoluciones y la preparación de los magistrados cada vez es más alta, así como la especialización de jueces, fiscales y abogados. Y eso hace que las discusiones en los pleitos cada vez tengan más nivel técnico-jurídico. En eso hemos ganado. Pero hay un problema de exceso de volumen. Los procedimientos se han hecho demasiados voluminosos tanto para la administración como para todos los operadores jurídicos, y eso hace más difícil el estudio y el desarrollo de tu trabajo. 

¿Qué sugiere?

Darle una vuelta e intentar sintetizar más, tender a un mensaje más claro. Esto sería bueno para todos.

¿Y algo en lo que vayamos a peor, dado que los retrasos son endémicos?

 Al margen de las demoras, hay una cosa en la que vamos a peor, que es en el trato personal. Cuando empecé a ejercer, la administración de Justicia era mucho más cercana, era más fácil hablar con los funcionarios, había respeto mutuo por parte de todos... Y esa cercanía que hemos perdido deberíamos recuperarla. Porque es muy importante que tu puedas hablar de tu a tu con un funcionario, con un juez, con un fiscal… Muchas veces se solucionan los problemas de manera más ágil si la comunicación es más fluida. Y ahora, no sé si es por la sobrecarga de trabajo, es más difícil. De ahí lo de las “mesas de la justicia”. Y voy a convocar a todos. Seguro que vienen. 

¿A los letrados de la Administración de Justicia (Laj) también?

También, porque son un cuerpo jurídico del Estado con el que tenemos que estrechar lazos porque hay muy poca comunicación. Y tenemos que potenciarla. Si ellos supieran cómo queremos las cosas y nosotros, cómo las quieren ellos, sería muy positivo. Pero no hay trato directo. Tratamos con los funcionarios. Mi idea es que podamos establecer una mayor comunicación a todos los niveles. 

En el orden Contencioso-Administrativo, es decir, la pelea con ayuntamientos, Hacienda, la Administración en general, los laj hacen las tasaciones de costas y fijan los honorarios que consideran cuando es la Administración quien paga. No son pocas las quejas por minutas a la baja. ¿Es consciente el colegio de este problema?

Esa es una discusión que existe y en la que vamos a profundizar porque no estamos de acuerdo con eso. Quien tiene que fijar los honorarios es el abogado y corresponde al Colegio decir si son o no excesivos. 

Suscríbete para seguir leyendo