La Policía sostiene ante el tribunal que la trama de Auto Salón en Alicante utilizaba empresas pantalla para defraudar

Los investigadores reafirman que el IVA de los coches de lujo nunca llegó a entrar en las arcas públicas

El inspector rechaza que se rompiera la cadena de custodia en los registros a los acusados

Los seis acusados sentados en el banquillo durante una de las primera s sesiones del juicio.

Los seis acusados sentados en el banquillo durante una de las primera s sesiones del juicio. / José Navarro

J. A. Martínez

J. A. Martínez

El responsable de la investigación policial del caso Auto Salón sostuvo este lunes ante el tribunal de la Audiencia de Alicante que el entramado utilizaba empresas pantalla o trucha para defraudar el IVA en la importación desde Alemania de coches de lujo. Unas conclusiones que van en la línea de lo que ya declaró la semana pasada el responsable de Vigilancia Aduanera. Este martes está previsto que declaren los peritos de la Agencia Tributaria. Los informes periciales van a ocupar buena parte de las sesiones del juicio esta semana, ya que las defensas presentarán a sus propios peritos para tratar de rebatir las acusaciones.

El inspector del Cuerpo Nacional de Policía declaró este lunes que los acusados se aprovechaban de que las adquisiciones intracomunitarias de estos vehículos estaban exentas de IVA para cometer el fraude, que la Agencia Tributaria cifra en ocho millones de euros. «El uso de estas sociedades interpuestas entre el momento de la adquisición del vehículo y su destino final buscaba que los procesados se dedujeran el IVA a pesar de que éste no repercutía en las arcas públicas», aseguró el responsable policial que sostuvo que la investigación desarrollada confirmó la existencia de esta operativa. 

Estas mercantiles pantalla «no tenían actividad real y se iban sucediendo en el tiempo unas a otras», dijo. En este sentido, subrayó que el principal acusado, Juan Andrés C. P., responsable de Auto Salón, tenía sociedades patrimoniales que se usaban para blanquear las ganancias obtenidas con la supuesta deducción fraudulenta del IVA. El dinero se destinaba a inversiones en el sector inmobiliario. Además de Juan Andrés C. P. en el banquillo se sientan su expareja y otras cuatro personas que aparecían al frente de las sociedades que estaban bajo sospecha.

Los procesados sostienen que las empresas a las que adquirían los vehículos sí tenían actividad real y que son ellas las verdaderas autoras del fraude, sin que estén acusadas en este macrojuicio. Por este motivo, una de las preguntas recurrentes por parte de las defensas fue en qué consistió la labor policial investigadora con esas empresas trucha, la mayor parte de ellas afincadas en Madrid. El responsable policial señaló que eran tantas las firmas que ellos sólo se centraron en las mercantiles ubicadas en la provincia de Alicante. 

Peticiones de las defensas para invalidar la investigación

Los letrados también insistieron en la cadena de custodia de los documentos intervenidos durante los registros, ya que denuncian que las cajas estuvieron durante años en las dependencias de la Agencia Tributaria sin ningún tipo de control judicial. Por los años transcurridos, los registros se practicaron en 2008, ninguno de los agentes se acordaba sobre la operativa concreta durante este registro, aunque el protocolo marca que se debe meter en cajas precintadas. «No me entra en la cabeza que nadie quisiera introducir un documento falso», señaló en una declaración en la que defendió la investigación policial.

El responsable policial señaló que en los registros efectuados tanto en Auto Salón como en casa del principal acusado se intervinieron, además de abundante documentación, 160.000 euros en efectivo, una colección de relojes de lujo así como varios coches de lujo y alta gama. La documentación intervenida, así como el contenido de las escuchas telefónicas fueron el principal material del que se nutrió la investigación, subrayando que en esos momentos todo el entramado estaba totalmente operativo y en marcha.

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