La adquisición del vehículo se hizo a través de siete pagarés municipales por valor de 25.000 euros el primero, y 6.000 los restantes que hizo efectivos el empresario ante el concesionario. Este empresario, imputado en la causa, matriculó el vehículo a nombre de Moya; de hecho, el ex alcalde admite que "puede ser" que el concesionario le trajera el coche hasta Bigastro para hacer una prueba "por la plaza del Ayuntamiento" antes de aportar una señal de 3.000 euros.
Al concluir su declaración Moya asegura que "todas las cuestiones urbanísticas" a las que ha respondido "salvando procedimientos irregulares que tienen solución" las ha motivado "lo que entendía que era el interés general del pueblo".
