El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado ocho días de plazo a la Conselleria de Medio Ambiente y al Ministerio Fiscal para que presenten sus alegaciones ante la reclamación judicial del abogado oriolano José Luis Mazón para que se elimine la Cruz de la Muela de la sierra oriolana por ser un símbolo confesional en suelo público. El equipo de gobierno del Ayuntamiento anunció que iba a defender este símbolo de la ciudad "con uñas y dientes". Sin embargo, no se ha personado en el procedimiento y deja, de momento, la responsabilidad de la defensa, en manos de la Conselleria de Medio Ambiente, titular del terreno en el que se ubica la cruz que corona La Muela y administración contra la que se dirigía la demanda, que ha sido tramitada por el TSJCV al tratarse de un organismo autonómico.

La presencia del Ministerio Fiscal en la causa se explica por el hecho de que el procedimiento aborda la garantía de la aconfesionalidad del Estado, que la Constitución garantiza en su artículo 16 y que según el letrado oriolano, representante de la Asociación Preeminencia del Derecho, se vulnera con la presencia de la cruz. Mazón hilvana su demanda con distintos argumentos, como el hecho de que considera la Cruz un símbolo franquista puesto que durante la II República fue retirado por no respetar los fundamentos aconfesionales del Estado. También alude a la falta de valor patrimonial de la Cruz actual que se ubicó en los ochenta tras ser aserrada la instalada tras la Guerra Civil, y cuestiona los datos históricos que remontan la presencia de este símbolo católico al siglo XV.

Presumiblemente la Generalitat que ha autorizó a principios de mayo un acto de defensa de La Cruz y su iluminación, apoyará en su alegato la presencia del símbolo, que se divisa desde buena parte de la comarca, fundamentado en su carácter tradicional, patrimonial e identificador de la ciudad. Una visión que comparte el equipo de gobierno del PP de Orihuela y, con matices, toda la oposición.