Una investigación abierta en mayo por la Guardia Civil ha permitido la detención de once personas y la desarticulación de una red de corrupción de menores, según informó ayer la Comandancia en Alicante que asegura haber rescatado a dos jóvenes que eran obligadas a prostituirse. La operación ha incluido cuatro registro domiciliarios en Guardamar del Segura, Torrevieja y Orihuela en los que han sido requisada documentación sobre clientes y tarifas y diversa cantidad de droga.

La operación, denominada "Lupo", comenzó tras averiguar la Guardia Civil que "una banda organizada captaba menores de nacionalidad brasileña, con problemas económicos y familiares, con la promesa de ganar importantes sumas ejerciendo la prostitución entre clientes de gran solvencia en la Vega Baja". Los agentes en un primero momento identificaron a los miembros de la red y, más tarde, "a los clientes que pudieran haber solicitado el mantener relaciones sexuales con menores de edad". De este modo, la Guardia Civil identificó dos lugares, ambos en el municipio de Torrevieja, desde los cuales se ofrecía llevar a las menores a domicilios de los clientes.

Cuando los investigadores consideraron que tenía información que suficiente procedieron a desmantelar la red. Fue el pasado 22 de junio. Además de proceder al registro de las dos viviendas de Torrevieja (uno un piso de contactos y el otro de prostitución) se acudió con un mandato judicial a otras dos, en Orihuela y Guardamar del Segura. En ellos se intervino "abundante documentación referente a servicios sexuales prestados, tarifas y datos personales, tanto de integrantes de la red, como de los posibles clientes". También se intervinieron ocho papelinas de cocaína, "sustancia que se ofrecía a las menores antes de ser llevadas al domicilio de los clientes para su consumo propio o el de estos. La Guardia Civil asegura que los clientes de esta red, "tenían gran solvencia económica. Parte del precio pactado se pagaba a la persona que transportaba a la menor hasta el domicilio del cliente y otra parte se le entregaba a la víctima al finalizar el servicio. En la información facilitada por la Comandancia se explica que al cabo de unos días un integrante de la banda se personaba en el domicilio del cliente y "lo extorsionaba, cobrando otra cantidad importante de dinero bajo la amenaza de denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por haber mantenido relaciones sexuales con menores mediante precio". De los once detenidos, siete eran integrantes de la red de explotación de menores y los otros cuatro clientes. Hay siete españoles, dos brasileños, una noruega y una georgiana entre los imputados por los delitos de tráfico de droga (para los siete integrantes de la red de corrupción) y corrupción de menores.