Un grupo de exempleadas de la escuela infantil municipal Bigastrín, despedidas por el Ayuntamiento para privatizar el servicio, serán las encargadas de gestionar la nueva etapa del centro. Lo harán bajo el paraguas de una cooperativa y, aunque el precio del servicio básico se ha encarecido de 90 a 125 euros, las nuevas gestoras han ampliado la oferta del centro, que incluye ahora enseñanza de Inglés o Informática.

Meses después de su llegada al poder, Charo Bañuls (PP) anunció la privatización del centro debido a que el erario municipal estaba en situación de "bancarrota". El despido improcedente de 11 de las 17 trabajadoras ha costado ya al Ayuntamiento 210.000 euros en indemnizaciones, una cifra que previsiblemente se incrementará cuando se resuelva el resto de procesos judiciales en curso.

La salida a concurso público de la gestión del centro infantil hizo que las antiguas trabajadoras perfilaran su idea de conformar una cooperativa. Tras elaborar un proyecto, participaron en el proceso y se adjudicaron el contrato.

Mejoras

Las diez socias gestionarán el centro durante al menos los próximos cinco años y pagarán por ello un canon de 1.000 euros. Con el objetivo de mejorar las instalaciones y hacer la oferta más atractiva han sido ellas mismas quienes, rodillo en mano, se han afanado en pintar y mejorar el centro. También han comprado nuevos materiales y han ampliado la oferta, que incluye ahora clases extraescolares para niños de 3 a 6 años o un horario más extenso que se amplía hasta sábado.

Aunque la gestión ya es privada, éstas se han comprometido a que en caso de que se necesite ampliar la plantilla, se contratará a personas que formaban parte de la bolsa de empleo que funcionaba cuando el servicio era público.

El centro abrirá sus puertas el 3 de septiembre y tiene capacidad para 135 niños. Con el objetivo de dar a conocer un proyecto forjado desde la ilusión, el próximo jueves la cooperativa celebra una jornada de puertas abiertas desde las 18 horas.

"Un empleado público no rinde lo mismo"

El primer teniente de alcalde, Aurelio Murcia (UPLC), vaticinó que el centro infantil funcionará mejor ahora dado que "el rendimiento de un empleado público no es el mismo porque no es su prioridad que el servicio sea el mejor posible". El concejal incidió en que (las trabajadoras) "ahora van a tener más interés porque del futuro el centro depende de ellas". Murcia no supo concretar cuánto se ahorrará el Ayuntamiento tras la privatización de Bigastrín, pero estimó que la cifra podría rondar los 250.000 euros anuales. m. a. r.