La baja por embarazo de riesgo también reduce sueldo

Como recogió ayer esta edición el Ayuntamiento ha recortado la nómina de 69 trabajadores por bajas durante los últimos cinco meses en aplicación del citado decreto, lo que supone un ahorro de 70.000 euros. La edil de Personal, Dolores Albaladejo, aseguró que el decreto es "de obligado cumplimiento" y no caben excepciones, lo que les ha obligado a incluir en la lista casos dolorosos, como el de otros dos trabajadores uno con cáncer y otro convaleciente por una rotura de menisco. Esas excepciones sí se contemplan en una nueva legislación vigente desde julio, lo que no evita que los afectados vayan a recibir las deducciones correspondientes a los meses anteriores.

Por su parte, los representantes de Comisiones Obreras (CC OO) en la junta de personal del Ayuntamiento anunciaron ayer movilizaciones en caso de que el Consistorio no dé marcha atrás. La Junta de Personal, que por ahora guarda silencio, mantendrá una reunión ordinaria con la edil de Personal el lunes. Joaquín Lucas, representante de CC OO indicó que cuestionan más la forma que el fondo a la hora de aplicarla. "No entendemos que se haya hecho por detrás, sin avisar y con carácter retroactivo cuando creemos que está prohibido. Se castiga a funcionarios y familias que están sufriendo porque padecen una enfermedad y en un momento que en que se han decidido otros recortes, como la supresión de la "extra"". El sindicalista reiteró que no es cierto que el Ayuntamiento les dijera que iba a aplicarla, aunque sí se mencionó la existencia de funcionarios con enfermedades graves. Lucas añadió que CC OO no tienen constancia de que el decreto se haya aplicado en otra administración local. En este sentido, cuestionó la fórmula municipal a la hora de trasladar a los afectados las deducciones en sus nóminas. "Si lo que realmente quieren es controlar las bajas fraudulentas y el absentismo, que remitan al médico de empresa los casos que consideren sospechosos".

CC OO explicó que en las próximas semanas entra en vigor una nueva legislación nacional que rebaja las prestaciones por periodo de baja en el sector público y "no entiende por qué se crea esta confusión aplicando un decreto del que solo tenemos constancia que se ha asumido en la administración autonómica". El sindicato cuestionó que no se hayan aclarado ni los cálculos con los que se ha realizado el descuento del sueldo ni si se han acumulado los días por incapacidades de distinta naturaleza. Lucas dijo tener constancia de varios de estos casos. CC OO se ha puesto a trabajar en la elaboración de los recursos a las notificaciones y ha trasladado el decreto a sus servicios jurídicos "porque tiene muchas lagunas". Además, el decreto, en muchos casos, no ha llegado a sus destinatarios porque están de vacaciones. Algunos afectados se acercaron ayer al Ayuntamiento y fueron derivados al médico de empresa. Ese fue el caso de un funcionario interino que padece leucemia y que es uno de los mayores perjudicados. Fuentes del equipo de gobierno cuestionaron que se identifique la medida con un castigo a funcionarios con enfermedades graves cuando lo que se busca es evitar fraudes. El Sindicato de Funcionarios Independiente, mayoritario en la Junta de Personal del Ayuntamiento, no se ha pronunciado aún sobre este asunto.

Elche y Benidorm tienen sistema propio, Dénia lo aplica y Alicante espera a septiembre

En Elche, el equipo de gobierno y cinco de los seis sindicatos aprobaron el Plan de Optimización de Recursos, con el rechazo de CC OO, que incluye medidas encaminadas a la reducción del absentismo. En el acuerdo se estableció la necesidad de presentar justificante de las bajas y que el Ayuntamiento no abone el 25% del sueldo a los trabajadores con bajas superiores a tres meses, de forma que sólo cobran el 75% de salario. No obstante, una comisión valora los supuestos, sobre todo en caso de enfermedades graves, y establece excepciones. Así las cosas, desde que comenzó a aplicarse este plan en junio entre 20 y 25 empleados han pasado a cobrar el 75% de su salario por incapacidades temporales superiores a los tres meses, aunque se ha aprobado la excepcionalidad para seis trabajadores que tienen enfermedades más graves. El año pasado se contabilizaron 112 casos con bajas superiores a 90 días. En septiembre está previsto renegociar todas las condiciones de acuerdo con el Gobierno.