La edil de Planificación de Orihuela, Antonia Moreno (PSOE), anunció ayer que por primera vez se ha llegado a un acuerdo con un urbanizador para que "exima" al Ayuntamiento del pago de su parte en una retasación de cargas por la urbanización de un plan de desarrollo urbanístico. En concreto, es una empresa de la familia Pedrera la que ha optado por asumir 71.600 euros que le tocaba pagar al Ayuntamiento al haber recalculado el precio de urbanizar el PAU-7 (Villamartín Norte) en la Costa.
La empresa presentó el PAU en 2002 pero no se aprobó definitivamente hasta 2009. Con el paso de los años, los costes de urbanización se han tenido que recalcular y para los 600.000 m2 de sector se ha encarecido la urbanización en 730.000 euros. Dado que el Ayuntamiento recibió de la empresa el 10% de suelo (una parcela de casi 38.000 m2) tiene que asumir el 10% del coste de urbanización, lo que supone tras el recálculo 71.600 euros más que la mercantil ha decidido asumir. Para Moreno, esto es "el ejemplo de lo que deberían firmar el Ayuntamiento y los urbanizadores de otros planes urbanísticos".
