El Ayuntamiento de Callosa de Segura, encabezado por el popular Javier Pérez, envió el martes a la oposición 17 actas de las sesiones celebradas por la junta de gobierno local entre agosto y diciembre de 2012. Desde hacía ocho meses, el PSOE no había recibido esta documentación porque la secretaria municipal decidió bloquear su envío después de que el regidor denunciara en los juzgados que se estaba filtrando a la Prensa información que no es pública.
Los cuatro concejales del grupo socialista con su portavoz al frente, María del Mar Martínez, comparecieron ayer para dar a conocer la resolución del Síndic, firmada el pasado 7 de marzo, y denunciar la "lamentable y bochornosa actitud" del alcalde sobre todo este asunto. A Pérez lo acusaron de boicotear el acceso de la oposición a esta información para dificultar su labor de fiscalización a través de medios que tacharon de "ilegales" y siempre "con el beneplácito de la secretaria".
Obligación legal
En la citada resolución del Síndic, que ocupa una extensión de 10 folios, éste ampara "la obligación legal de entrega de dichas actas" y recuerda que la no facilitación de las mismas "resulta contraria a los derechos fundamentales de los representantes políticos", por lo que recomienda al Ayuntamiento que envíe esta documentación a los grupos de la oposición.
Además de tachar al alcalde de "incompetente político" por su forma de gestionar la administración local, "como si fuera la república independiente de su casa", desde las filas socialistas pusieron en duda el "rigor" del trabajo de la secretaria en el Consistorio. Lo hicieron argumentando que la legislación recoge la obligación de los funcionarios de facilitar la documentación a la oposición, algo que, a su juicio, no ha cumplido María Dolores Ramón Gil al vetar su envío. En este sentido, el edil Fran Maciá manifestó que quien debería haber velado por que funcionara el equilibrio entre la labor de gobierno del PP y la de fiscalización del PSOE "no lo ha hecho de manera adecuada".
La líder del PSOE local consideró que lo que se ha pretendido con la decisión de no enviar las actas ha sido "que no nos enteremos de nada, pero los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasa con los impuestos que pagan". Es por ello que anunció que ha propuesto al Ayuntamiento que a partir de ahora se cuelguen en internet todas las actas de las juntas de gobierno previa eliminación de las informaciones que estén protegidas por la Ley de Protección de Datos. De no ser así, Martínez se aventuró a asegurar que ella lo hará "cuando sea alcaldesa a partir de 2015".
No obstante, la portavoz señaló que si se vuelven a producir irregularidades en el envío de documentación a su grupo político no dudará en acudir a los juzgados para interponer un contencioso-administrativo.
Sobresueldos
Fue el propio alcalde quien reveló que fue la secretaria quien decidió de forma unilateral suspender la entrega de las actas a la oposición. Su negativa a enviar dichos papeles por correo electrónico y sólo permitir a la oposición poder verlos en las dependencias municipales llegó después de que se publicaran asuntos como que el director de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), que es su yerno, había cobrado 5.000 euros por organizar la gestión de dos talleres para desempleados de cuatro meses de duración o que la empresa del hijo de un edil facturó al consistorio 8.639,65 euros desde su empresa de informática.
