Un juzgado ha admitido a trámite las medidas cautelares pedidas por el PP de Orihuela contra la demanda del equipo de Gobierno (PSOE-Els Verds) para desalojar el edificio municipal que actualmente acoge los Juzgados de Orihuela, cuya infraestructura pertenece a la Generalitat Valenciana.
Este procedimiento, según fuentes populares, es una pieza separada de la demanda interpuesta por el PP contra la edil socialista Antonia Moreno por contratar al que fuera "concejal socialista del ayuntamiento de Benidorm y abogado, Jaime Llinares, para defender la demanda de desahucio".
En concreto, fue durante la junta de gobierno celebrada el pasado 21 de febrero, en la que actuó como secretaria la socialista Carolina Gracia, donde "se adjudicó a Llinares el trabajo, sin el informe preceptivo de la secretaria general del ayuntamiento".
Por ello, los populares presentaron una denuncia contra esta medida del equipo de Gobierno "que fue admitida a trámite".
Al mismo tiempo, el PP solicita paralelamente la pieza separada pidiendo la adopción de medidas cautelares para la paralización de esta demanda de desahucio".
No obstante, y según la notificación, el ayuntamiento de Orihuela tiene "diez días al objeto de que alegue lo que estime conveniente respecto de dicha suspensión interesada por la parte recurrente".
En este sentido especifica que, contra esta resolución, "cabe recurso de reposición ante este juzgado -número 1 de Elche- en el plazo de cinco días de su notificación".
Fue el pasado 1 de marzo cuando los concejales socialistas de Planificación y Urbanismo, Antonia Moreno y Antonio Zapata, respectivamente, interpusieron una demanda de "juicio verbal de desahucio" contra la conselleria de Justicia por su "ocupación".
"Estamos un poco más cerca de evitar chantajes a la administración y que el sentido común se impongan", han concluido los populares.
