El Ayuntamiento de Orihuela ha remitido varios documentos a la Fiscalía de Alicante para subrayar la laguna administrativa en la que se encuentra este consistorio en el Consorcio de Residuos del Plan Zonal XVII (Vega Baja), cuyo proceso de adjudicación está bajo investigación judicial.

La documentación está acompañada por un escrito en el que se califica de "precipitada" la firma del contrato entre el Consorcio y la UTE Cespa-Ortiz, adjudicataria del proyecto de construcción de un vertedero en el término municipal de Albatera (Alicante).

El alcalde, Monserrate Guillén (Els Verds), ha explicado que este escrito ha sido remitido "por si la Fiscalía considera tener en cuenta esta información en el conocido caso Brugal" por la adjudicación del Plan Zonal XVII.

Para Guillén, la firma del contrato, rubricado el pasado 10 de junio de 2013, se ha hecho de manera "inconsciente" teniendo en cuenta que, a día de hoy, "todavía no se ha resuelto la pertenencia o no de Orihuela al Consorcio".

Un aspecto, según resalta el escrito, "sumamente relevante dada su población y volumen de residuos -más de 50 toneladas al año-".

En este sentido, Guillén ha recordado que el Ayuntamiento "no aprobó en sesión plenaria" su pertenencia a dicha entidad, "ni aceptó sus estatutos", tal y como requiere el Consorcio a cada uno de los 27 municipios de la comarca de la Vega Baja para formar parte de éste, junto a la Diputación Provincial y el Consell.

En el acuerdo firmado con la mercantil, según ha explicado Guillén, aparecen las toneladas de residuos que aportaría la cuidad y, sin embargo, no es hasta el 12 de junio de 2013 -dos días después de la firma- cuando un informe refleja que, a efectos del Consorcio, "el Ayuntamiento está adherido al mismo y no procede la devolución de las cuotas".

A la documentación presentada hoy también se ha adjuntado el informe emitido por el secretario general del ayuntamiento del 5 de mayo de 2013, que determina que solo existe "una moción institucional", aprobada en 2005, que "no es suficiente para entender cumplido el trámite procedimental marcado por la Ley Reguladora de bases del Régimen Local".

Asimismo, se aporta otro informe del secretario, remitido a la Presidencia del Consorcio el 7 de mayo de 2013, "requiriendo al Consorcio que revisara todos los actos administrativos realizados, en los que la supuesta pertenencia del Ayuntamiento de Orihuela hubiera tenido relevancia jurídica".

Con toda la información aportada, el Ayuntamiento de Orihuela solicita que la Fiscalía realice "las actuaciones correspondientes y les mantenga informados", al tiempo que se pone a su disposición para colaborar en lo necesario "para el esclarecimiento y depuración de responsabilidades".