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Orihuela

Una sentencia controvertida

El juez que ha desestimado el recurso de una asesora que fue despedida estando embarazada

Inmaculada Ortega y su marido, Manuel Mateo, eran miembros activos de Los Verdes. Ahora son dos repudiados. Ella la formación la califica de «exverde»; y él pidió la baja como secretario después de que el alcalde Monserrate Guillén, el líder del partido, despidiera a su mujer por decreto como asesora de Modernización y Movilidad, área que dirigía Martina Scheurer y en la que trabajó del 26 de julio de 2011 al 31 de octubre de 2012. Y se la cesó, según el informe de la edil, porque: «Con motivo de su embarazo, se encuentra de baja médica desde hace varios meses. Dando a luz en estos días se prevé que faltará por lo menos 4 meses más», decía el documento que recogía INFORMACIÓN en su edición del 15 de noviembre de 2012 y que usó Guillén para echarla. La trabajadora presentó un recurso porque, aunque los asesores son cargos discrecionales para desarrollar funciones de confianza y asesoramiento, Scheurer no la echó con algo tan sencillo como un «ha perdido mi confianza» sino alegó su gestación. Y Ortega alegó contra el decreto de Guillén considerando que la decisión vulneraba el artículo 14 de la Constitución: discriminación por razón de sexo.

La sentencia desestima la petición y ha sido vista como un triunfo por Los Verdes: «Queda clara la legitimad de la destitución cuyas causas no fueron otras que la pérdida de confianza y la dejación de funciones de la exasesora, que sin aportar parte de baja alguno, hizo caso omiso de los requerimientos de la concejalía para la que debía actuar», aseguraban en su cuenta de Facebook. El alcalde, en cambio, entonó ese día en el pleno un «mea culpa» y dijo una frase: «No me pillarán más cazando elefantes», que recuerda a la de Juan Carlos I cuando se lesionó en una cacería y, días más tarde, pidió públicas disculpas.

Sueldo

Lo curioso de la sentencia que desestima la petición es que parte de una premisa que no es cierta: Ortega sí presentó durante los cinco meses que estuvo de baja los partes; es más, su sueldo en la administración se detrajo un 20%, afirma. La jueza Carmen Casado, lejos de entrar a fondo sobre la cuestión primordial: si el decreto podía tener origen en una justificación que va en contra del artículo 14 de la Carta Magna, cose una sentencia que parte de una premisa cuanto menos controvertida: da por buena la declaración que en el juicio prestaron Guillén y Scheurer. Es más, llega a decir que depusieron con «veracidad, sinceramente, de modo coherente y sin incurrir en contradicciones personales o del uno para con el otro».

Y, basándose en eso, dice: «...la Sra. Scheurer también declaró que nunca vio, ni la recurrente le presentó, un parte de baja médica en el que se acreditara la dolencia que padecía o la causa por la que se justificara su ausencia del puesto de trabajo y manifestó que todos estos hechos la hicieron desconfiar de la Sra. Inmaculada Ortega...». Y, con respecto al alcalde, añade: «A la pregunta de si la recurrente en algún momento le había mostrado el parte de baja médica, el señor Guillén Sáez contestó negativamente». La magistrada añade este argumento para reforzar su decisión y el alcalde, evidentemente, no mintió porque los funcionarios o los asesores nunca va a su despacho a darle los partes de bajan, van al departamento de Recursos Humanos.

Pero Scheurer faltó a la verdad el día del juicio o el día que entregó al alcalde ese informe en el que, repetimos, decía así: «con motivo de su embarazo, se encuentra de baja médica desde hace varios meses...». La magistrada encuentra un resquicio para argumentar su sentencia y, ya de paso, criticar todo aquello que oyó aquel día en la sala: «Se determina preocupante la constatación de que los nombramientos de cargos de asesores hechos a la ligera, en base a actitudes partidistas u otras similares y diferentes de la ponderación de cualidades tales como profesionalidad, mérito y capacitación profesional, puedan dar lugar a la ineficacia del servicio público correspondiente así como a un gasto superfluo y a un dispendio injusto para el ciudadano contribuyente, que es quien finalmente paga los sueldos de los servidores públicos.

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