La Comisión Europea (CE) ha pedido a las autoridades competentes que procedan "con urgencia" al cierre, sellado y regeneración del vertedero de la empresa Proambiente, situado en los término municipales de Abanilla (Murcia) y Orihuela (Alicante), así como "de todos los vertederos ilegales existentes en el país".
Esta es la respuesta del comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en nombre de la CE, a la pregunta del eurodiputado socialista Andrés Perelló en la que constataba "graves violaciones de, como mínimo, las directivas sobre vertido y gestión de residuos" en este vertedero ubicado entre Alicante y Murcia.
El europarlamentario explicaba en su pregunta que pese a que el gobierno murciano había decretado el cierre del vertedero en 2011, su propietario, Ángel Fenoll, "no sólo había desoído la resolución de suspensión y sellado", sino que además había solicitado la apertura de nuevos vasos por un período de 20 años "con la connivencia del consistorio de Abanilla".
Perelló, quien visitó la zona en 2012, denunciaba en su pregunta que a finales de 2011 la firma había vertido unas 120.000 toneladas de residuos sin tratar.
Según han indicado a EFE fuentes de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la Generalitat ha dictaminado varias sanciones contra el vertedero pero se encuentran paralizadas porque está siendo investigado judicialmente en un caso en el que la entidad autonómica se ha personado como acusación.
En el último informe emitido por el Instituto de Medicina Legal, el volumen de basura ilegal enterrada podría estar alcanzando las 400.000 toneladas, de acuerdo con el eurodiputado.
Pese a que el vertedero sólo estaba autorizado a llevar a cabo tareas de fabricación de compost y valorización, el europarlamentario advirtió de la llegada de camiones con residuos de todo tipo, "entre los que se encontraban materiales especialmente peligrosos, como residuos sanitarios o cartuchos de tóner".
La fermentación de los residuos enterrados ilegalmente, según Perelló, "está produciendo lixiviados tóxicos que afectan al suelo agrícola, acuíferos subterráneos y zonas sensibles como la que rodea a la potabilizadora de agua de Taibilla".
"El incremento de los malos olores derivados de la continuidad de la actividad de la planta y su ampliación está afectando seriamente a la salud y al bienestar de los vecinos, tal y como se recoge en una denuncia formalizada por la plataforma interregional Vertivega", concluyó el eurodiputado.
La Conselleria ha convocado un concurso público, al que se han presentado cuatro empresas, con el objetivo de elaborar un informe que estudie la procedencia de los residuos lixiviados.
Una vez se adjudique el concurso y se elabore el informe, han indicado las fuentes, éste se presentará como prueba ante la Fiscalía para el cierre del vertedero demandado por la Generalitat.
