La jueza Natalia Martínez se ha apoyado en un informe del equipo de Policía Judicial de Torrevieja para imputar a dos ediles del PP, una asesora, dos exconcejales populares y un exasesor del alcalde en el caso del escándalo de los móviles, donde se investiga el abuso para usos privados de los terminales pagados por el erario público. La magistrada sostiene en el auto de imputación que de las diligencias se «desprenden indicios de criminalidad» de los ediles Eduardo Gil Rebollo, Javier Montoro, los exediles Daniel Plaza, José Manuel Pizana, el exasesor David Graham Knight y la asesora del Alcalde Juana López Carmona, tal y como avanzó este diario. Todo en función de la documentación con la que cuenta y en especial la contestación al requerimiento que en marzo de 2013 se realizó al Ayuntamiento sobre la identidad de varios usuarios de móviles municipales «terminales contratados por el Consistorio y sufragados al parecer con cargo al Erario Público», dice. De esa información, concreta, «se desprende además que del resultado de la investigación llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial, habrían hecho uso de tales terminales con fines al parecer ajenos a la función pública». Entre otros y según el caso, aunque el auto no lo especifica, servicios Premium de canales para adultos, llamadas a prostitutas, llamadas a concursos de televisión y números de tarificación adicional o conexiones a internet desde el extranjero.

La jueza explica que la Fiscalía dio cuenta de que estos hechos «podían ser constitutivos de un presunto delito de malversación de caudales públicos» y recuerda que el Ministerio Público cree que «algunas de las llamadas podrían considerarse abusivas al ser presuntamente ajenas y no tener nada que ver a priori con la función pública». El calendario de citaciones está encabezado por la asesora Juana López Carmona y los ediles Eduardo Gil Rebollo y Javier Montoro, que acudirán al Palacio de Justicia el 25 de junio; mientras que los exediles Daniel Plaza y José Manuel Pizana y el exasesor del alcalde David Graham Knight, están citados el día 27.

La jueza ha pedido al PSOE que aporte 15.000 euros como fianza si quiere personarse en el causa como acusación, lo que les permitiría estar presentes en los interrogatorios o pedir más prueba. Los socialistas recurrieron el importe de esta fianza ante la Audiencia hace ahora un año. Ese órgano judicial no ha señalado todavía fecha para resolver el recurso por lo que el PSOE, que fue la formación que denunció el asunto ante la Fiscalía, no podrá ejercer la acusación ni aunque ahora aportara esa cuantía.

Los denunciantes esperaban que los juzgados resolvieran su recurso antes de que la magistrada citara a declarar a los investigados y que lo hiciera rebajando el importe de la fianza.