El equipo de gobierno de Guardamar pretende lograr el consenso con el resto de fuerzas políticas en un asunto que parece se ha ido de las manos, como es la gestión privada de los dos aparcamientos públicos porque ayuntamiento y mercantiles discrepan sobre cuál debe ser el precio. La regidora Carmen Verdú (PP) ha puesto en marcha la constitución de dos comisiones, «una por cada parking, para que todos rememos hacia la misma dirección», explicó.

Verdú invitó a que participen en estas dos comisiones los dos portavoces de la oposición, miembros de la junta de los dos aparcamientos o sus representantes legales para que tengan de primera mano la información, así como a abogados del ayuntamiento o al secretario para que redacte las normas de funcionamiento y concrete el número de asistentes a las comisiones. «Y todo para que los aparcamientos tengan los servicios adecuados, la empresa no abuse de ellos y nos les hagan pagar más de lo que deben», añadió. La intención de Verdú no es otra que comentar y esclarecer esta problemática «después de tantos años sin soluciones y tantos pleitos».

Además, a petición de la junta de propietarios, la alcaldesa decidió excluir del orden del día del último pleno ordinario la ordenanza que regulaba la tarifa de dichos parkings. «En aras a un mejor diálogo y participación de los propietarios, la junta se reunirá el 16 de julio con todos los afectados para estudiar con mayor detenimiento la ordenanza y darnos su opinión al respecto». Este ha sido el motivo por el que el equipo de gobierno no incluyó en el pleno la nueva ordenanza, que quedará expensas a la opinión de los propietarios. La alcaldesa deja un margen de dos meses hasta que se convoque el pleno de agosto para abordar este asunto.