La insólita decisión del alcalde en funciones de Orihuela, Antonio Zapata (PSOE), de denegar a través de un oficio y sin informe jurídico la celebración del pleno de agosto que, tradicionalmente se desarrollaba a comienzos de septiembre, desembocó ayer en una catarata de críticas por parte de Pepa Ferrando (PP) y Juan Ignacio López-Bas (CLr-Claro). La edil popular criticó ayer que Zapata lo justifique por un ahorro a las arcas públicas (los ediles sin dedicación tienen derecho a percibir los 200 euros como indemnización por asistencia). «Aquí no hay quien viva», dijo Ferrando, quien recordó que cuando el PSOE y Los Verdes estaban en la oposición nunca se denegó. También recordó de la urgencia de ratificar que el municipio cambia el dinero previsto para ampliar la casa consistorial por el centro de salud del Rabaloche, una cuestión que Zapata rechazó incluir en el pleno extraordinario de agosto.
Por su parte, López-Bas tildó de cacicada la decisión y anunció que llevarían este asunto al juzgado porque existen sentencias condenando a aquellos ayuntamientos que no han celebrado las sesiones ordinarias que establece la legislación. Ambos ediles de la oposición consideran más creíble el entender que la no celebración responde más a la nula capacidad del equipo de gobierno a abordar propuestas para la ciudad y reiteraron que existe una clara vulneración de derechos fundamentales para el caso de que finalmente Zapata no dé su brazo a torcer porque no cuenta con un informe que avale su oficio.
