El Juzgado de Instrucción 2 tomó ayer declaración como denunciados a dos policías locales y miembros de Comisiones Obreras, Jesús Valero y Joaquín Lucas, y al conductor de la plataforma elevadora con la que un grupo de agentes realizó un acto de protesta el 27 de junio que obligó a interrumpir un pleno de Torrevieja 15 minutos. Valero -que es el que se caracterizó como crucificado y fue elevado con la máquina hasta la altura del tercer piso en el que se desarrollaba el pleno -y Lucas atribuyeron en su declaración la denuncia de la Jefatura y el Ayuntamiento a «una persecución y penalización de una actividad legítima» a la libertad de expresión y manifestación en reivindicación de derechos laborales. El municipio se ha personado en el procedimiento para que estos hechos sean investigados como delito de desorden público y no como mera falta.
Por su parte, de la empresa de maquinaria mantiene que desconocía el motivo por el que se había arrendado la plataforma y que actuaron una vez llegados a la fachada del Ayuntamiento con la confianza de que eran policías locales quienes les orientaban. Esta empresa fue contratada tras renunciar otra a «meterse con el alcalde y el equipo de gobierno», según fuentes sindicales.
Tras la protesta, el operario fue conducido a dependencias policiales sin conocer en condición de qué era trasladado y allí fue interrogado, según CC OO. El municipio impuso una multa de 1.501 a la mercantil por cortar el tráfico -el corte estaba solicitado a la Subdelegación, según las mismas fuentes- y no contar con ITV, cuando este tipo de vehículos industriales no la requieren.
