Entre los problemas más curiosos que arrastra el Ayuntamiento de Orihuela de los dos últimos mandatos se encuentran los casos de Surpal y Uryula Histórica, dos empresas públicas que carecen de actividad desde hace años, cuyos consejeros dejaron el cargo público en algún caso hace más de tres -por ejemplo, Manuel Culiáñez (Los Verdes) pero siguen figurando en los registros y que el alcalde, Emilio Bascuñana (PP), se resiste a liquidar, algo que parece sería lo más fácil sobre todo si se tiene en cuenta que para ponerlas en marcha se precisa, primeramente, un objetivo y, por lo visto hasta ahora, este no está claro. Que es un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento lo demuestra el hecho de que el pasado verano el Ministerio de Hacienda amenazó al municipio con retener los pagos mensuales que le realiza por un incumplimiento de la Ley de Economía Sostenible ya que no le había enviado liquidación alguna sobre estas sociedades, lo que era fácil si se tiene en cuenta que actividad no tenía, pero eso había que aprobarlo y trasladarlo, posteriormente y dentro de los plazos que marcaba el ministerio que preside Cristóbal Montoro, algo que no se hizo. Quizá cuando el equipo de gobierno presente los presupuestos para el ejercicio 2016 se pueda aclarar todo.

A diferencia de Ildo y de Orihuela Cultura, donde la labor siempre ha estado encauzada y ha sido clara, la situación de Surpal y de Uryula Histórica responde a otro de estos proyectos inacabados que lleva camino de estrellarse. Eso al menos es lo que opina la concejala socialista Carmen Gutiérrez, quien recuerda que con el mero nombramiento de consejeros -lo que ya se ha hecho- no está ni mucho menos resuelto el trabajo. Más bien aún queda un largo trecho porque mientras este no se inscriba en la notaria y, después, se eleve a público, no va a servir para mucho.

Según la socialista, el hecho de que ambas empresas carezcan de actividad alguna y no se haya facilitado dato al Registro Mercantil ha supuesto el que estén dadas de baja en su actividad, y eso que en el caso de Surpal tiene 90.000 euros en un banco congelados desde hace al menos cuatro años, que fue cuando el entonces concejal de Hacienda, Juan Ignacio López-Bas (entonces en CLr-Claro) lo descubrió.

El objeto de Surpal era la gestión del polígono industrial de la ciudad (de hecho, el nombre precisamente obedece a ello: Sociedad Urbanizadora y Promotora del Polígono Industrial Puente Alto) y, visto en qué situación de dejadez y abandono se encuentra -lo que ha sido una queja constante de la asociación de empresarios sin atender- ha nadie le ha preocupado mucho. Mientras, la ampliación de los estatutos que el equipo de gobierno ha introducido este mandado en Uryula hace pensar que podría dar cabida a la actual estructura de Dinoco o al menos eso es lo que quieren los padres que llevan años gestionando el servicio de atención temprana -anteriormente en las manos de Astrapace-. Ahora bien, los informes que ha solicitado el equipo de gobierno al respecto de la posibilidad de asumir la gestión a través de Uryula no son todos lo claros que debiera y Bascuñana, como en tantas otras cosas, está prefiriendo esperar antes de tomar una decisión que todos le piden.