La edil de Cambiemos Orihuela, Marta Guillén, criticó ayer la parálisis en la adjudicación del contrato de apuntalamiento del Paseo Marítimo de Cabo Roig, y que se debe a que «creemos que hay algunas irregularidades» en el proceso de contratación de estos trabajos. Así, la edil matizó que el motivo por el que no se pudo realizar la firma del contrato adjudicado el pasado mes de abril radica en que «el expediente de contratación se inició el 29 de diciembre, con cargo a los fondos de contingencia, pero estos, con el paso del tiempo, caducaron», por lo que cuando se procedió a firmar el contrato, el equipo de gobierno se dio cuenta de que ya no disponía de esta partida».

Esta versión contradice la otorgada por el equipo de gobierno, pues la edil de Playas, Sofía Álvarez, apuntó a que la partida se cargó a los remanentes de 2015, que al no ser aprobados por Intervención, no pudieron usarse para pagar el contrato.

Guillén recordó que, ante esta situación, el PP «trató de aprobar una modificación de crédito a mediados de septiembre, que entonces era muy urgente, y que incluía las obras de la plaza de toros». Una modificación presupuestaria, de más de 600.000 euros, que se repartiría entre el apuntalamiento del acantilado -200.000 euros- y la reforma de la plaza de toros -400.000 euros-.

La edil criticó que «lo que era tan urgente hace un mes no lo sea ahora, pues no hemos vuelto a tener noticia de esa transferencia de crédito» que se tumbó al faltar documentación en el expediente para su aprobación. Sin embargo, Guillén considera que «lleva siendo urgente desde hace mucho tiempo, pues estamos hablando de un riesgo real para los usuarios que transitan por el paseo. Se ha instalado un paso provisional de madera a escasos dos metros de la zona vallada, por lo que, ante caídas de grandes rocas, la distancia de seguridad no garantiza la integridad física de las personas».

Indemnización

Guillén pidió a Álvarez celeridad en la aprobación de una partida destinada a sufragar este contrato, adjudicado desde abril, pues «el impago podría ser causa de disolución del contrato, y cuando este se hace por una de las partes, en este caso del Ayuntamiento, la otra parte, la empresa podría pedir una indemnización». De hecho, la edil apuntó a que «sabemos que la empresa ha llamado para preguntar por el proceso varias veces», si bien admitió que no tiene la certeza de cuál es la postura de la empresa en este sentido.

Por otra parte, Guillén pidió al equipo de gobierno que estudie la posibilidad de que los propietarios de las casas que lindan con el acantilado asuman parte del coste de las obras de apuntalamiento, o que una vez realizadas, se estudie la posibilidad de repercutirles parte de esta gasto, pues en algunos casos «podría tratarse de terrenos privados», por los que el Ayuntamiento podría ahorrarse parte de los costes «de una obra importante, porque son casi 200.000 euros, así que no está de más plantearnos si lo pagamos todos, o los propietarios».