El Partido Popular (PP) de Torrevieja lleva reclamando desde hace más de un año al equipo de gobierno del Ayuntamiento que informe sobre la existencia o no de licencia de apertura otorgada por el municipio a las actividades que se desarrollan en la Casa del Pueblo, sede de las oficinas del sindicato UGT, y a través de un acuerdo con la central sindical, de la asamblea local del PSOE.
La reclamación ha estado liderada por el concejal Eduardo Gil Rebollo durante meses, a través de ruedas de prensa y comunicados. La concejala de Actividades, Fanny Serrano (PSOE) le ha respondido que debía acotar la petición porque en caso de existir la autorización, es anterior a la informatización del archivo de expedientes municipales, que se remonta solo a mediados de los noventa. Desde esa fecha hacia atrás hay que buscar la información investigando y revisando, una a una, las resoluciones de las comisiones de gobierno. Este diario, sin embargo, ha podido constatar que el visto bueno, si lo hay, no dependió en ningún momento del Ayuntamiento de Torrevieja. Porque el edificio de la Casa del Pueblo es propiedad del...Gobierno de España. En concreto del Ministerio de Empleo y Seguridad. El suelo sobre el que se asienta el edificio, un solar de 300 metros cuadrados con planta baja y dos alturas y más de setecientos metros construidos, en la calle La Paz, era propiedad del Estado, en concreto del sindicato vertical, que a su vez lo incautó de los centrales sindicales durante el periodo de La República a través de la Ley de Unidad Sindical.
Aunque la sede inicial, unida a la historia de los movimientos sindicales de la ciudad, como ha podido constatar el cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala, se remonta a la primera década del siglo pasado. En 1977, con la llegada de la democracia, el gobierno «devolvió» ese patrimonio inmobiliario a las centrales sindicales, a través de una nueva legislación. En concreto, en el caso de Torrevieja a UGT, aunque a través de una cesión dado que la propiedad sigue siendo estatal, tal y como figura en los registros oficiales, primero a nombre de Patrimonio del Estado y en la actualidad del Ministerio.
Además de levantarse en un momento en la que la legislación de aperturas era muy genérica, los edificios de titularidad estatal tampoco la requieren. Harina de otro costal es si las dependencias deberían adaptarse a la actual, aunque por ejemplo, la de accesibilidad no tiene caracter retroactivo y el resto solo se puede verificar si hay un cambio de titularidad o en caso de que la actividad actual no se ajuste a la licencia. Eduardo Gil Rebollo había reclamado incluso a la Sindicatura de Agravios que actuara para recibir la información sobre la autorización ante las respuestas del Ayuntamiento, que hasta la fecha, tampoco conocía, al parecer, de quién era la propiedad del inmueble.
Cierres
El PP intentaba comparar la supuesta falta de actuación municipal a la hora de inspeccionar la situación administrativa de estos locales,- en un asunto que afectaba directamente a uno de los partidos en el gobierno-, con la dinámica de clausuras por falta de condiciones de seguridad y autorizaciones municipales emprendida por Actividades desde que asumió el gobierno para locales privados -en especial discotecas y bares-, y edificios públicos, como el teatro municipal. La reclamación del PP llegó al punto en el que la edil Serrano tuvo que responder que «no sabía» si existía o no licencia. La última reclamación de Gil Rebollo se ha realizado ante la Generalitat para que sea la Policía Autonómica, conocida por sus inspecciones de establecimientos en Torrevieja, la que haga una comprobación que todo indica que ya no es necesaria.
