El juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela ha abierto una causa al exalcalde de Callosa, Javier Pérez, para investigar la posible comisión de irregularidades en la adjudicación de un contrato de más de 90.000 euros para disponer una red wifi en el municipio. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia por estos hechos al encontrar indicios de delito de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. El Ministerio Público sostiene que existe una relación económica entre la empresa que realizó el trabajo, participada por un hermano del exregidor, y otra mercantil vinculada a Pérez, por lo que se indaga sobre si éste obtuvo algún tipo de lucro.
El contrato se adjudicó en 2011 y se financió con fondos de la Generalitat. El Ayuntamiento eligió el procedimiento de negociado sin publicidad con tramitación de urgencia. Se seleccionó a tres empresas y fue el propio Javier Pérez quien cursó la invitación para que tomara parte en el procedimiento la empresa participada por su hermano. Pues bien, la Fiscalía pone en duda la legalidad de la tramitación de todo el trámite de adjudicación, desde la convocatoria hasta la baremación, y también los informes suscritos que recomendaban contratar a la empresa del familiar de entonces alcalde.
Javier Pérez «debía de abstenerse de participar en el procedimiento» y sin embargo «su participación fue totalmente activa en la tramitación del expediente de contratación, firmando actas de recepción, solicitando dictámenes, asistiendo, presidiendo y ejerciendo su derecho a voto en todas las juntas de gobierno» relativas a este asunto. Además, sostiene Anticorrupción, «la adjudicación del contrato a favor de la empresa Análisis y Control de Redes Privadas vino precedida por una serie de informes en los que se hacían unas valoraciones que siempre beneficiaban a esa empresa, en detrimento del resto de concurrentes en el proceso de adjudicación, habiendo intervenido el propio Javier Pérez solicitando alguno de los informes que decantó la designación a favor de la empresa que su hermano representaba».
Intereses patrimoniales
El fiscal pidió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que investigara los hechos y se desprende que «existe una clara relación económica entre la entidad Procanper SL, en la que tenía claros intereses patrimoniales Javier Pérez, con la compañía ANCO SL, por lo que cualquier beneficio que ésta pudiera obtener como consecuencia de una adjudicación contractual beneficiaría directamente a Procanper y a Javier Pérez».
La denuncia de la Fiscalía se dirige contra el exalcalde, contra su hermano y contra tres técnicos. Dos de ellos son los que suscribieron un informe que proponía la adjudicación a favor de la mencionada empresa. El tercero, a petición del propio Pérez, hizo otro informe realizando una interpretación del plan viable de las obras que decidió la adjudicación a favor de esa mercantil.
La Fiscalía recuerda además que recientemente se ha podido constatar que uno de esos técnicos, que es arquitecto, tiene relación con Javier Pérez. Ambos están siendo investigados después de que el Ayuntamiento le pagara 311.000 euros sin contrato por prestación de servicios, unos hechos por los que Javier Pérez está siendo investigado por fraude y prevaricación.
La denuncia del fiscal ha motivado que la jueza que instruye la causa haya ordenado pedir que la Agencia Tributaria aporte al Grupo de Blanqueo de Capitales cuantos datos disponga desde el año 2010 hasta la actualidad de la empresa del hermano del alcalde y que se practiquen cuantas actuaciones resulten precisas para el adecuado esclarecimiento de los hechos. Todo ello tras apreciar que existen indicios delictivos.
La red municipal para emitir internet mediante wifi en diversos espacios públicos de Callosa de Segura nunca ha funcionado desde que fue instalada por esa empresa hace ya seis años.
