El fallido Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Orihuela ha acabado en los tribunales. La empresa que redactó el documento por encargo inicial del gobierno del Partido Popular de Mónica Lorente, la UTE Urbor, ha registrado un contencioso-administrativo para exigir el cobro de sus honorarios, que ascienden a 308.731 euros. La versión preliminar del texto fue a pleno en 2014 con Monserrate Guillén (Los Verdes) como alcalde, pero la oposición -PP y CLr- lo tumbó. Ahora el Ayuntamiento esgrime que el pago estaba condicionado a la aprobación del Plan y como eso es algo que nunca se hizo, los técnicos no dan la conformidad para saldar la deuda.

La disparidad de criterios entre la UTE y el Ayuntamiento radica en que el primero considera que el cobro debía de hacerse efectivo una vez que el Plan General estuviera redactado y fuera a pleno, dado que eso indicaba que el trabajo estaba hecho. Sin embargo, los técnicos interpretan que no bastaba con llevarlo a sesión plenaria, sino que era precisa su aprobación, y eso es algo que nunca ocurrió. En estos momentos el PGOU que está vigente en Orihuela es el aprobado en 1990, del cual se han hecho diversas modificaciones puntuales que han permito, por ejemplo, levantar grandes urbanizaciones en la costa.

Nueva normativa

Según explicó ayer el portavoz municipal, Rafael Almagro, el gobierno actual de PP y Ciudadanos no está por la labor de readaptar ese documento a las necesidades actuales y ajustarlo a la nueva normativa urbanística. Consideró que ese plan no les parece apropiado porque «no soluciona los problemas que tiene el municipio». Por ello, prosiguió, «preferimos hacer alguna modificación puntual si es necesario dado que parece que la Generalitat no está muy por la labor de que hagamos uno nuevo». A todo este respecto, la Junta de gobierno celebrada ayer en Orihuela acordó nombrar a un letrado para defender los intereses de la administración local frente a la UTE que ha hecho la reclamación económica.

El portavoz municipal informó asimismo de una sentencia que ha llegado recientemente al Ayuntamiento y que obliga al pago de 767.593 euros en concepto de cargas de urbanización que arrastraba una parcela de la costa. La buena noticia para el municipio es que el consistorio no tendrá que asumir el pago porque se trata de una de las fincas que se subastaron a finales del pasado año. En la operación se advertía a los compradores de la carga económica pendiente y en ese caso y en todos los demás las aceptaron. Así, el Ayuntamiento «solo» tendrá que hacer frente a los 23.027 euros de los intereses generados.

El edil Almagro lo consideró «un importante logro ya que de no haberse subastado, el Ayuntamiento debería hacer frente a la sentencia con presupuesto corriente, redundando en menor capacidad de atender necesidades actuales de los oriolanos».