La Guardia Civil cumplió ayer la orden judicial de desalojo de una vivienda social de la Generalitat ocupada por un vecino, Fernando Ayete, desde mayo 2016, y tras una sentencia judicial en firme que así lo disponía. Cuando la comisión judicial se acercó a la promoción para ejecutar el lanzamiento un grupo de la Plataforma Antidesahucios intentó impedírselo. Varios de sus miembros se dispusieron sentados a lo largo de la escalera de acceso a la casa.
Fueron identificado por los agentes de la Guardia Civil, que finalmente los apartó entre empujones, algún arañazo y mucha tensión, pero sin más incidentes, casi una hora y media después de la hora prevista para el desalojo. La PAH se mostró indignada porque esta promoción de viviendas ,situada en la calle Emilia Pardo Bazán, cuente con en torno a 25 pisos vacíos de cuarenta en total.
La viviendas fueron inauguradas por el antiguo IVVSA en mayo de 2008. Iban a gestionarse como alquiler social para jóvenes. Con escaso éxito porque los precios de mercado eran más atractivos que los de la promoción pública.
Apenas ha tenido una ocupación de diez pisos durante todos estos años, sin cambiar el sistema de concesión hasta el actual mandato en el que se ha abierto a otras situaciones de emergencia social y se han rebajado los alquileres. Buena parte de las viviendas han sido vandalizadas durante todo este periodo.
Ayete, que ayer se quedó en la calle, reconoció en la lectura de un comunicado que 10 familias «ocupamos ilegalmente estas viviendas» porque, según su versión, «habíamos agotado las peticiones de ayuda para que se nos concediera una vivienda social».
Durante los 26 meses que ha vivido en el piso ha solicitado en cuatro ocasiones el piso. Buena parte de las diez familias que ocuparon pudieron alquilar en otras zonas de la ciudad. «Lo único que ha hecho la Generalitat es usar la vía penal para echarme», lamentó Ayete.
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) explicó ayer que esa ocupación impidió la entrada a las casas de familias que cumplían con todos los requisitos y se realizaron justo cuando las viviendas habían sido remodeladas. La misma fuente indicó que Ayete está incluido en estos momentos en el registro de peticionarios de las viviendas, por detrás de otras solicitudes.
La misma fuente matizó que aunque haya viviendas vacías «no garantiza que estén en condiciones de habitabilidad. Disponemos de recursos limitados para reparar el parque público de la Generalitat. Ahora hay 7 viviendas en reparación y 6 solicitudes completas y baremadas para poder ocupar legalmente una vivienda».
