Más de 50 personas y constructoras de 4 uniones temporales de empresas encargadas de otros tantos tramos de la línea del tren de alta velocidad de Crevillent a Murcia, en el tramo de la Vega Baja, se sentarán en el banquillo tras abrir juicio oral la magistrada del juzgado de instrucción número 9 de la capital murciana. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, el auto, contra el que no cabe recurso, ha sido comunicado a los encausados y entre las personas físicas que serán juzgadas, están responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la comunidad de regantes San Felipe Neri de Crevillent.

En el también conocido como caso César se investigan contratos de ejecución de obras de reposición de infraestructuras hidráulicas y canalizaciones afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de alta velocidad del Levante y, paralelamente, un fraude en los impuestos de sociedades y del valor añadido. En algunos casos se acusa a los procesados como autores de delitos contra la hacienda pública, malversación, fraude, estafa, falsedad, pertenencia a grupo criminal o blanqueo de capitales y en otros, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo.

El procedimiento se inició en 2015 tras una denuncia de la Agencia Tributaria que desvelaba presuntas irregularidades fiscales a través de un entramado de empresas sin actividad que emitían facturas falsas que según el fiscal habrían permitido desviar al menos 24,9 millones de euros del presupuesto de Adif, con otros 2,1 de perjuicio a la hacienda pública.

La Abogacía del Estado pide que las empresas implicadas en el fraude de las obras del AVE paguen multas que suman el equivalente al triple de las cantidades defraudadas, que los investigadores consideran que superaron los 150 millones de euros. Las mercantiles a las que fueron adjudicados los trabajos de reposición de las redes de regadíos afectadas por las obras del AVE inflaron las facturas de los trabajos hasta con un 626% de sobrecoste.