Donde dije toma, digo dame. El Ayuntamiento de Torrevieja siempre ha explorado las fórmulas más creativas de abordar la cosa pública, y la concejal portavoz de Vox, Carolina Vigara, se ha aventurado en una nueva vía: la marcha atrás en las renuncias al acta de concejal. El 2 de julio presentó su cese en el cargo por motivos de salud. También lo hizo, por otros motivos, el segundo de la lista que iba a asumir el cargo, Juan Carlos Ramos. Y era la tercera en la candidatura, Leticia Fernández, quien se perfilaba como nueva concejal de la formación ultraconservadora. Pero el pasado miércoles por la tarde la edil presentó otro escrito en el que renunciaba a su renuncia. Es decir, continúa. Vigara dice que se encuentra mucho mejor tras un periodo de reflexión, con lo que podrá mantener también su remuneración municipal de dos mil euros mensuales brutos. Hasta el alcalde Eduardo Dolón (PP) mostró ayer su sorpresa por algo que «nunca había visto». La decisión de Vigara todavía es más llamativa considerando que en el pleno previsto para el lunes pasado figuraba esa renuncia. La sesión se suspendió finalmente por motivos totalmente ajenos a la edil: una resolución judicial que anulaba la aprobación definitiva del presupuesto, pero que le ha permitido «reconsiderar» su decisión.
¿Por qué renunció entonces el 2 de julio? El partido ha tenido constancia de una gestión supuestamente irregular de la formación y del grupo en Torrevieja por parte de sus cabezas de lista, a la sazón Vigara y su entonces marido Ramos. En especial de los ingresos de las mesas petitorias en espacios públicos por las que es conocida Vox. Según fuentes consultadas por este diario la dirección provincial planteó a ambos que renunciaran al acta para evitar emprender acciones judiciales. En ese momento renunciaron. Vigara ha cambiado de opinión, lo que podría dejarla fuera de la formación. Sin embargo, la edil subraya que cuenta con el respaldo de Vox.
