La dirección general de Salud Pública debe emitir un informe del posible impacto sobre la salud de las personas de la actividad de fabricación de autobaterías y sobre la materias primas que se emplean en el proceso de producción de la planta de Guardamar del Segura, según recoge una resolución de la Sindicatura de Agravios en función de una queja de Ecologistas en Acción. En el proceso de elaboración de las baterías se utiliza como principal materia prima el plomo. También ácido sulfúrico, carcasas plásticas, agua, electricidad y gas natural. Ese informe, en el que debe colaborar la empresa, y el que debe aportar la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) forma parte de la nueva tramitación del estudio de impacto ambiental y autorización ambiental integrada solicitado por la empresa para ampliar su producción hasta los 10 millones de unidades anuales. Actualmente fabrica 7,8 millones. La multinacional solicitó el trámite para esta ampliación en julio de 2016 con el objetivo de «modernizar la producción de óxido de plomo para baterías, mejorando las técnicas de depuración y aumentando la productividad de la fábrica hasta 10 millones de baterías al año».
Cuando la Generalitat ya había emitido el estudio de impacto ambiental y estaba a punto de resolver la autorización a mediados del año pasado, la Federación de Ecologistas en Acción del País Valenciano advirtió que la administración - la Conselleria de Transición Ecológica- no había respondido ni a sus alegaciones.
La empresa ha reducido sus emisiones de plomo al aire hasta los cien kilos al año, aunque llegó a producir más de una tonelada
Según la respuesta a la queja presentada por el portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, la administración ha decidido repetir de nuevo todo el procedimiento -tanto la autorización ambiental integrada como la evaluación de impacto- porque reconoce que «por un error administrativo» las alegaciones del colectivo ecologista no llegaron a registrarse ni en la Conselleria ni en el Ayuntamiento de Guardamar del Segura. En esas alegaciones es donde se solicitaba la intervención de Salud Pública.
Arribas explica que, en otras autonomías, para el mismo procedimiento administrativo el informe de Salud Pública es preceptivo. No es el caso de la Comunidad Valenciana pese a que la producción de baterías no solo puede tener un impacto en el medio ambiente, sino también sobre la salud de las personas. En la primera evaluación la administración autonómica estimaba inicialmente la solicitud de Clarios Iberia con condicionantes. El principal es la puesta en marcha de las denominadas técnicamente como «mejores técnicas disponibles» para reducir al mínimo la emisión a la atmósfera de contaminantes, en concreto las emisiones de plomo. Esta actividad industrial ha llegado a emitir más de una tonelada de plomo a la atmósfera al año (1.350 kilos en 2011), aunque esas emisiones se han reducido a menos de cien anuales, en los tres últimos años, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, de acceso público. Poco después de comenzar a tramitarse la ampliación solicitada por la empresa, en 2017, la Unión Europea endureció la legislación sobre los límites máximos de emisión de contaminantes a la atmósfera y la inversión en tecnología que debe reducirlos; algo que técnicamente se define como «mejores tecnologías disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos».
La fábrica emplea a unos 300 trabajadores. Las instalaciones ocupan 140.000 metros cuadrados y cuenta con una depuradora de residuos industriales.
La Generalitat, en su evaluación ambiental de 2020, ahora anulada, establecía que los valores límite de emisión reflejados en su resolución «son acordes a la normativa vigente y según el informe que el Servicio de Protección de la Atmósfera ha emitido durante la tramitación del expediente». La fábrica está rodeada por tres suelos no urbanizables de protección agrícola de la huerta tradicional mejor conservada de Guardamar. Desde el inicio del procedimiento, Ecologistas en Acción ha pedido analizar los impactos de la actividad sobre esos espacios naturales y sobre la fauna terrestre y marina, así como en los alimentos producidos en su entorno».
También consideran que, tanto el programa de vigilancia ambiental en el control de las emisiones como los vertidos al azarbe, «debería incorporar el control de los niveles de plomo en los suelos y cultivos agrícolas aledaños a la instalación, así como el nivel de plomo de los organismos vivos del medio natural próximo».
