El PSOE de Callosa de Segura denuncia que el bipartito, PP y Cs, no acepta las resoluciones del Síndic y les niega de nuevo documentación. El Síndic de Greuges ha comunicado al grupo socialista que el equipo de gobierno rechaza sus recomendaciones. "Ni recurriendo al amparo del Síndic el equipo de gobierno-PP y Cs del Ayuntamiento de Callosa de Segura está dispuesto a facilitar una gestión transparente en el desarrollo de sus actuaciones vulnerando por sistema los derechos fundamentales de los concejales del grupo socialsta al negar reiteradamente su derecho a obtener la información necesaria para realizar las actividades de control del gobierno municipal", ha denunciado el portavoz socialista, Fran Maciá.
Esta semana el Síndic de Greuges comunicaba al grupo municipal socialista, ante las quejas que había presentado en la institución referentes a la denegación de consulta y copia de diversos expedientes de información urbanística, así como a la denegación de información económica relativa a los estados de ejecución del presupuesto, que el bipartito callosino rechazaba las resoluciones remitidas por el Síndic de entregar dicha documentación. El Síndic, según el PSOE, "ha sido muy claro respecto al comportamiento del equipo de gobierno callosino, quien a pesar de haber formalmente comunicado que aceptaba las recomendaciones del Síndic al constatar que el grupo socialista no ha recibido la información económica solicitada ni tampoco ha recibido tampoco la información urbanística solicitada, así como que no se le ha permitido el acceso a la plataforma electrónica de gestión municipal de los expedientes, entienden que no se ha aceptado realmente por el Ayuntamiento sus recomendaciones", explica el portavoz socialista.
En consecuencia resuelve el cierre de los expedientes de queja por 'no aceptación' informando que las mismas podrán ser incluidas en el informe anual a Les Corts correspondiente a la gestión de la institución. Maciá señala que a pesar de haber recurrido al amparo del Síndic de Greuges no se ha obtenido respuesta en lo que entiende "una ocultación deliberada de información de manera sistemática al grupo socialista", por lo que el PSOE ha puesto en manos de su servicio jurídico la situación para su estudio como posible vulneración de derechos fundamentales y plantear la mejor opción para su defensa incluyendo medidas de carácter judicial.
