La Conselleria de Educación ha retomado sus planes sobre la implantación del Programa de educación plurilingüe e intercultural (Pepli), o Ley de Plurilingüismo, que tuvo que aplazar el año pasado por la crisis sanitaria. El Consell pretende poner en marcha el programa el próximo curso 2021/2022 y, con ello, la polémica ley que establece un mínimo de un 25% de asignaturas impartidas en valenciano, además de entre un 15 y un 25% en inglés en la ESO, Bachiller y Formación Profesional. Los institutos están recibiendo la comunicación de la Conselleria que dirige Vicent Marzà para remitir, como máximo el 28 de febrero, el proyecto lingüístico de cada centro, con el porcentaje y enumeración de las asignaturas que se impartirán en valenciano, castellano e inglés y cuya aprobación la propia ley establece que debe hacerla el consejo escolar. Precisamente, la suspensión de los consejos escolares, como de toda actividad no esencial, por el confinamiento decretado el pasado mes de marzo obligó al departamento de Marzà a posponer la aplicación del decreto que tenía previsto iniciar el presente curso escolar. Sin embargo, la situación sanitaria actual no ha mejorado y los consejos escolares se realizan ahora por vía telemática, por las restricciones, y solo en casos excepcionales, por lo que ya hay muchas voces en la comunidad escolar que están criticando que Educación quiera retomar el polémico plurilingüismo en plena pandemia.

Igual que en los niveles inferiores, para Secundaria, la Ley de Plurilingüismo de 2018 establece unos porcentajes mínimos de las tres lenguas: el 25 % de las horas lectivas debe ser en castellano, otro 25 % en valenciano y entre un 15 y un 25 % en inglés. A partir de ahí, los centros tienen flexibilidad y son los que, de acuerdo con su contexto sociolingüístico y las características del alumnado, deciden su proyecto lingüístico, en el que deben combinar los tres idiomas hasta cubrir el 100 % del tiempo curricular. Sin embargo, esa flexibilidad y su implantación gradual que dijo el conseller para calmar los ánimos en las zonas castellanohablantes, sobre todo en la Vega Baja, no aparece por escrito y todo son recomendaciones verbales, como denuncian algunos docentes.

La implantación del plurilingüismo, principalmente por el porcentaje de asignaturas obligatorias a impartir en valenciano, obtuvo el rechazo mayoritario de comarcas como la Vega Baja, y llevó hace ahora un año, el 18 de enero de 2020, a convocar una masiva manifestación en Orihuela pidiendo la derogación de la ley, con una masiva asistencia de unas 20.000 personas. Había convocada una segunda protesta en Alicante que la pandemia obligó a suspender. «Ahora no hay esa tensión social, ya que tantos los profesores como los padres estamos volcados en las medidas por el covid, y el Consell ha querido aprovechar esta situación y la coyuntura actual para, de manera sigilosa y de puntillas, retomar sus planes», denuncia Arturo de la Torre, portavoz de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, cuenta con un millar de profesores inscritos. Los docentes integrados en esta plataforma reconocen que la gran mayoría de profesores no la fluidez y el conocimiento para impartir sus materias en valenciano o inglés.

Todo se está llevando a cabo a través de los llamados asesores lingüísticos que son los encargados de dar las instrucciones dictadas por Educación y actúan de mediadores con los institutos. «La ley no contempla el modo progresivo de implantación que vende el Consell», en referencia a la flexibilización del plan plurilingüístico que anunció Marzà a finales de 2019 que permite rebajar las horas de valenciano y que la implantación del plan sea gradual y progresivo empezando por primero de la ESO. La ley por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, aprobada por mayoría absoluta de las Cortes Valencianas en febrero de 2018 por PSOE, Compromís y Podemos -y que no fue recurrida por la oposición del PP y Cs-, no se va a modificar pero Marzà recurrió al artículo 8 de la misma que le permite aplicarla de manera menos restrictiva a través de los llamados planes experimentales a los que se deberán acoger los institutos que quieran esa flexibilidad de los proyectos lingüísticos de centro con una implantación progresiva, que permitiría rebajar el valenciano hasta el 17 % (Lengua y otra asignatura).

«Es una especie de trilerismo del conseller para que la gente se tranquilizase pero lo que no dice es que vamos a incumplir el estatuto de autonomía que refleja la exención del uso de la lengua valenciana en las zonas castellanohablantes de la Comunidad Valenciana con esa ley», critican desde la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. «Sabemos que el primer año no van a ahorcar, pero ya han puesto la soga y ahora irán apretando paulatinamente, porque cada cuatro años hay que aumentar el programa lingüístico», concluyen.

Polémicas reuniones telemáticas de los asesores lingüísticos, sin preguntas

La comunidad escolar de la Vega Baja muestra su «indignación» por las reuniones telemáticas organizadas por los asesores lingüísticos de la Conselleria de Educación para explicar la implantación de la ley. El pasado 14 de enero cientos de jefes de departamento de los institutos de la comarca fueron convocados por los respectivos asesores lingüísticos para una sesión informativa. Había mucha expectación por el desconcierto y la incertidumbre sobre cómo se aplicarán los planes de Educación con respecto a las lenguas en las que impartir las asignaturas. Más de 500 docentes se conectaron a las reuniones pero su sorpresa llegó cuando comprobaron que les silenciaron los micrófonos, lo que impidió resolver sus dudas legales y organizativas. Les instaron al final de la reunión, que consistió en la lectura por parte de cada asesor de un documento, a usar el chat y que se les contestaría «por escrito, más adelante». Muchos abandonaron, y los que se quedaron al final tampoco pudieron escribir porque cada asesor cerró la sesión al acabar su lectura, que se prolongó 50 minutos.