El comité de empresa de la planta de fabricación de autobaterías de Clarios en Guardamar del Segura va a reclamar a la Generalitat que autorice la ampliación de la producción que la multinacional tiene solicitada ante la administración autonómica desde enero de 2016. Para el comité, el retraso en la obtención de la autorización ambiental integrada necesaria para ese proyecto tiene un impacto «muy negativo en las previsiones actuales y de futuro de esta planta». Los representantes de la histórica fábrica, con más de medio siglo de historia, van a solicitar reuniones con el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, así como con los responsables sindicales de la Vega Baja y de la Comunidad Valenciana «para intentar revertir este problema».
El comité de empresa ha trasladado este mensaje en un comunicado dirigido a los 300 trabajadores y en el que se hacen eco de la petición, recogida por esta edición el pasado viernes, de la Generalitat a la dirección general de Salud Pública para que informe sobre el impacto de la producción de autobaterías en la salud de los trabajadores y de las personas en el entorno de las instalaciones, ubicadas junto a la N-332 y rodeadas de huerta tradicional. Este informe se va a elaborar a instancias de Ecologistas en Acción del Pais Valenciano.
El colectivo ecologista pidió la intervención de Salud Pública en el marco de las alegaciones que presentó en al proceso de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental del proyecto. Un expediente que ha vivido distintas fases desde que se inició en 2016 -como un cambio legal en 2017 que eleva las exigencias de las industrias a la hora de reducir las emisiones al aire o un error de la administración en 2019 que «no recibió» en el periodo de exposición pública esas alegaciones, lo que ha provocado la repetición del proceso de evaluación ambiental del proyecto.
En el proceso de elaboración de las baterías se utiliza como principal materia prima el plomo. También ácido sulfúrico, carcasas plásticas, agua, electricidad y gas natural. La empresa emite al aire en torno a cien kilos de plomo al año, con una reducción sustancial en los últimos años. En 2011 todavía registraba más de una tonelada de estas emisiones.
Para el comité, esa solicitud de informe de Salud Pública atrasa «aún más la solicitud sobre la ampliación para realizar 10 millones de baterías al año que se tiene solicitada desde enero de 2016». Ahora se fabrican 7 millones anualmente. Petición que «una vez tras otra se está viendo frenada sin que se aclaren los motivos» e indica que «todo lo que se nos ha requerido (en alusión a la empresa) desde la Generalitat se les ha entregado en tiempo y forma». Reitera que los parámetros ambientales que reclama la administración se cumplen y (uso de materias primas, emisiones al aire y vertidos industriales) están «por debajo de lo que nos piden, con informes positivos desde la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)».
Los representantes de los trabajadores no entienden «por qué todavía después de cinco años no tenemos un informe positivo para la ampliación por parte de la Generalitat». Además el comité señala que a este retraso se suma la crisis de demanda de semiconductores que afectan a las plantas de automoción de Audi y Volkswagen a las que la planta suministra y «que van reducir su producción»
Menos demanda
El comité de empresa ha informado de algunos datos que la dirección de la empresa ha trasladado sobre el impacto que el retraso en la autorización y la crisis actual tiene en la producción de la planta. En concreto, ya se ha descartado, de momento, la inversión de 3,5 millones de euros previsto para la nueva prensa de producción de baterías. Además con la nueva situación podría reducirse la producción anual entre 500.000 y 1.000.000 de baterías, con un descenso inmediato de 45.000 baterías para febrero y de 85.000 en marzo.
La crisis de demanda pone en peligro la línea de fabricación de baterías de camiones y paraliza las inversiones en modernización.
Reducciones de personal eventual y fijos discontinuos
El descenso de la producción en la planta de autobaterías previsto por distintas circunstancias y el retraso en la autorización de la ampliación va a suponer, siempre según el comité de empresa, tanto «una reducción de personal eventual como en fijos discontinuos, además de en trabajadores de empresas externas». La empresa da empleo a unas 300 personas, sobre todo vecinos de Guardamar.
