El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela ha sometido a exposición pública la versión preliminar del plan parcial del Sector B-1a «Mil Palmeras», que contempla la urbanización de 159.000 metros cuadrados con capacidad para acoger nuevas 952 viviendas más en una de las pocas zonas sin desarrollar del litoral oriolano. En plan está ubicado entre el residencial Campoamor, al norte, y la parte oriolana de la urbanización Mil Palmeras, al sur, y la N-332 y está delimitado por la rambla de Barranco Rubio y la de Cañada Hermosa y tiene su origen en una delimitación de suelo urbano 1988, antes de que se aprobara el Plan General vigente en Orihuela. Para el abogado urbanista firmante del informe de sostenibilidad, Juan Enrique Serrano, el plan «es total y completamente sostenible y económicamente viable», tanto para la mercantil que pretende la programación urbanística propuesta, «como para el Ayuntamiento del Orihuela, municipio donde se programa y propone la misma, como administración responsable de la prestación de los servicios obligatorios a la misma y órgano promotor de la presente actuación que se pretende».
El informe detalla el coste anual que supone para una administración local el mantenimiento de una urbanización mediana como la que se propone en la que se calcula un máximo de 2.887 habitantes, con una ocupación del 20% de viviendas permanente y el 80% estacional. Así la implantación de servicios y mantenimiento anual tras la recepción de la urbanización, supondría un coste anual de 218.333 euros (limpieza viaria y recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes), y los ingresos periódicos anuales a recaudar por la administración pública local, tras el desarrollo propuesto, ascenderían a 545.249 euros, al contemplar los tributos de primer devengo, como el ICIO o el IBI, entre otros y que ascenderían a 1.736.157 euros.
Además el promotor ya anticipa la venta del 10 % de cesión obligatoria municipal por parte del Ayuntamiento que valora en 7.114.711 euros por una parcela de unos siete mil metros cuadrados. El coste de urbanización de los terrenos supera los 11,6 millones de euros -de los que un millón son beneficios para el urbanizador-. La nueva zona urbanizada necesitará además 183.000 metros cúbicos anuales de agua potable.
En un principio, este estudio de sostenibilidad económica, que fue incorporado como obligatorio en la legislación urbanística en 2007, como una «medida de prudencia política que limita la discrecionalidad del planificador obligándole a aprobar planes en función de una previsión informada de las demandas sociales, evitando así actuaciones urbanísticas de dimensiones desmedidas y desproporcionadas, todo ello con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las del futuro».
Los bloques ilegales
Este mismo sector está ligado a uno de las actuaciones urbanísticas más polémicas de las que se han llevado a cabo en Orihuela Costa: Justo en su franja litoral se construyeron a mediados de los años 80 varios bloques en primera línea que ocupaban el dominio público marítimo terrestre justo al mismo tiempo que se estrenada ley de Costas. El Ayuntamiento permitió acabar prácticamente toda la actuación. Ahora el área que dirige la concejalía de Urbanismo sigue tramitando la modificación puntual número 68 del Plan General para «ordenar esta porción porción consolidada por edificación (B-1b)».
