La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha hecho pública en el portal de transparencia una resolución en la que insta al Ayuntamiento de Los Montesinos a llevar a cabo acciones para atajar graves irregularidades detectadas en los procedimientos de contratación de la asesoría jurídica. El municipio gobernado por el PSOE, y que apenas supera los 5.300 vecinos, ha gastado desde el año 2012 hasta 2020 un total de 100.674 euros IVA incluido en sucesivos contratos en asesoría jurídica con la misma empresa.
La AVA propone declarar la nulidad de los contratos con el despacho de abogados, crear bolsas de trabajo para cubrir las bajas de funcionarios y modificar las bases de ejecución de presupuesto para reforzar el control funcionarial de las facturas. Y pide al Ayuntamiento de Los Montesinos que informe sobre las actuaciones que va a emprender en este sentido.
En la resolución se advierte que existe una concatenación de varios contratos menores suscritos con la mercantil SVM Servicios Jurídicos para la prestación del servicio de asesoría jurídica en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, “habiéndose fraccionado el objeto del contrato con la consecuente elusión de la normativa en materia contractual” Al tratarse de un servicio de asesoría jurídica de una necesidad permanente en el Ayuntamiento de Los Montesinos, y a la vez previsible, “debería de haberse procedido a tramitar el expediente de contratación correspondiente con concurrencia competitiva”.
Las facturas emitidas por el despacho -cuyo nombre no se oculta en las 59 páginas de las resolución hecha pública por la AVA-, correspondientes a los contratos menores celebrados en 2012, 2013 y 2014, no fueron conformadas por funcionarios municipales, sino únicamente por la Alcaldía, incumpliéndose la legislación.
Además aparece un contrato negociado sin publicidad suscrito con la misma mercantil el ejercicio 2016, que según la misma resolución es ser nulo de pleno derecho al no constar en el expediente su trámite esencial la negociación de ofertas de otras empresas. Además, la prórroga de este servicio se acordó y se hizo tras el vencimiento del contrato, por lo que también resulta ser nula, siempre según resalta el informe.
Las conclusiones de Antifraude, que se pueden consultar en el portal de la Generalitat, subrayan que en los contratos rubricados en los ejercicios 2012 a 2016 con la mercantil el importe facturado ha superado “al contratado realmente”. Se ha contratado por importe de 72.100 euros (87.241 IVA incluido) cuando la totalidad de los servicios abonados entre el ejercicio 2012 y el ejercicio 2020 el despacho de abogados, según el certificado emitido por la secretaria-nterventora en fecha 13 de julio de 2020, ascienden a 100.674 euros IVA incluido.
Además, se han emitido 2 facturas en los años 2018 y 2019, cuando no existe, según los datos trasladados por el Ayuntamiento, contrato de asesoramiento legal en vigor con la misma empresa.
En el marco de esos contratos la asesoría jurídica emitió 69 informes y, según Antifraude “no consta acreditado que dicha mercantil haya cumplido con la asistencia presencial en las dependencias municipales que se detalla en cada uno de los contratos”.
La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana señala que la confianza del gobierno del PSOE en el mismo despacho también vulnera la normativa en otra vertiente: ejerce funciones reservadas a funcionarios o empleados municipales, según los casos. Por ejemplo, con contratos de servicios con vocación de “permanencia”, en los que se está encubriendo una relación funcionarial. Y lo que resulta más llamativo: esta mercantil ha avalado con sus informes la decisión de aperturar un expediente disciplinario a un funcionario municipal, para luego ser la misma mercantil la que realiza las tareas que antes correspondían a ese funcionario, lo que, siempre según la resolución que ya es pública, pone de manifiesto la existencia de un posible conflicto de interés.
Este diario intentó ponerse en contacto con el gobierno local para que valorase la resolución pública sin recibir respuesta.
EL AYUNTAMIENTO INTENTÓ PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN CON UN RECURSO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
El Ayuntamiento de Los Montesinos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para intentar paralizar tanto la investigación como la entrega de documentación del expediente. De hecho, entre mayo de 2020, cuando la AVA comenzó la investigación y septiembre del mismo año, el Ayuntamiento remitió distintos escritos a la oficina asegurando que no contaba con medios para atender la petición y a su vez reclamando a la AVA todo el expediente, para conocer la autoría de la denuncia.
El TSJCV tumbó la acción judicial y el municipio no tuvo más remedio que aportar la documentación no sin que la Agencia Antifraude señale en su informe que el municipio ha intentado obstaculizar su investigación puesto que tuvo constancia del recurso del Ayuntamiento ante el TSJCV al margen del procedimiento y no por la propia administración local.
