La lonja pesquera de Torrevieja puede tener los días contados. Al menos es lo que pide un empresario en su propuesta de concesión para la construcción y explotación de una zona de ocio y comercial en el Puerto de Torrevieja, a la que la Generalitat, que tiene la competencia de la gestión del puerto no parece que vaya a poner obstáculos. En un escueto párrafo de contestación a una alegación la Conselleria de Territorio que dirige Arcadi Espada liquida parte de la historia reciente de Torrevieja, que algunos sectores económicos locales, como la hostelería y el comercio, identifican más como una zona degradada que el área donde se desarrolla una todavía relevante actividad económica primaria. Los edificios de la lonja en el puerto de Torrevieja, que caracterizan a este espacio tradicional de la bahía desde hace más de setenta años, dice la conselleria, no se pueden «proteger» porque «no están protegidos» (sic). La petición del influyente empresario Enrique Riquelme -también en València- en el corazón del recinto portuario, plantea una inversión millonaria en ese mismo terreno. Inicialmente la actuación se cifró en 70.000 metros cuadrados. Luego en 30.000. La propuesta presentada por la inmobiliaria en la Generalitat es de 9.000 metros cuadrados.
La lonja, a pleno rendimiento hoy día y para la que habría que habilitar otra junto a la fábrica de hielo antes de tomar cualquier decisión, está pegada al cantil de la bahía, sobre el suelo con más expectativas lucrativas. Y desaparece en esas previsiones. Miguel Ángel Pavón, a título particular, alegó a la solicitud, que contempla, según la escasa información pública que ha trascendido, un aparcamiento subterráneo y una zona de ocio con cines y bolera, entre otras actividades, la reurbanización de todo el espacio, el derribo de dos de los tres edificios del acceso portuario -mantendría en pie la aduana- y un vial de gran capacidad que atravesaría el sector. Se desconoce el periodo de concesión. Desaparecen la lonja pesquera y los almacenes que los pescadores todavía utilizan para guardar, remendar y armar sus redes. Pavón pide en su alegación que en el caso de que la solicitud del empresario contemple la demolición de los tres tinglados de la actual lonja pesquera y los almacenes de los pescadores, debe condicionarse la concesión a la conservación y rehabilitación de estos edificios, que, a su juicio, presentan valores arquitectónicos protegibles y que forman ya parte de la historia y del ya escaso patrimonio cultural de la ciudad de Torrevieja. Todos los edificios, ocupan una superficie aproximada de 2.105 metros cuadrados, debieron construirse a principios de la segunda mitad del siglo XX. Cuando el Consell aprobó la delimitación de usos y espacios portuarios en 2018 de este espacio dejó entrever que los edificios de la lonja se conservarían todos o en parte, en función de alegaciones realizadas durante el proceso, como la presentada por Izquierda Unida -que forma parte del gobierno del Botànic-.
Para la administración autonómica estos edificios no tienen valor patrimonial. El Ayuntamiento de Torrevieja no se pronunciado -no tiene competencia para decidir sobre esta zona- pero da por amortizados esos edificios porque su presencia es el principal obstáculo para reurbanizar la zona. El equipo de gobierno considera que cualquier actuación que se lleve a cabo en el puerto mejora su situación actual. Algo que comparten algunos sectores de la población. Eso sí, el equipo de gobierno, paradójicamente sí considera que la casa de planta baja del bar La Marina, debería conservarse. Algo más vinculado a la enorme actividad hostelera de este recinto que al valor patrimonial que le ve el gobierno local.
«Colapso» informático
En la respuesta a las alegaciones que ha recibido Pavón también se descarta que se vaya a exponer de nuevo al público el proyecto que pretende transformar el corazón del casco urbano de Torrevieja, que la mayor parte de los vecinos desconocen. La exposición se realizó en pleno mes de agosto, de forma presencial y en València. La Generalitat se limita a indicar que la exposición ha cumplido el requisito legal. La administración autonómica, que lleva año y medio exigiendo a los ciudadanos que se relacionen mayoritariamente con la administración por la vía telemática, en este caso, limitaba el trámite a la consulta presencial. Eso sí a más de 200 kilómetros de Torrevieja. Fuentes de esta Conselleria aseguraron que la exposición se «hizo de acuerdo a la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones». También indicaron que el expediente entero no se suele colgar online «porque si fuera así siempre correríamos el riesgo de colapsar informáticamente el sistema -el proyecto no estaba colgado tampoco «en parte», no había información alguna-. Y aseguran que se «podía tener acceso al mismo sin necesidad de ir hasta València», aunque este diario pudo comprobar que no era posible.
La Generalitat cuelga gigas de información en archivos comprimidos de todo tipo de trámites con acceso público. Un ejemplo es la propia delimitación de espacios y usos del Puerto de Torrevieja. Pavón cuestionó el incumplimiento de la ley de Transparencia por parte del Consell y que la Conselleria haya «escurrido» el bulto con sus alegaciones. Este proyecto de construcción de un espacio de ocio está enmarcado en el plan especial de puerto que ha comenzado a tramitar el Ayuntamiento de Torrevieja para transfomar el dominio público ligado a la dársena, en especial el actual paseo de la libertad y su avenida.
El PSOE cuestionó el proyecto sin hacer alegaciones
El PSOE de Torrevieja cuestionó en un comunicado de prensa las previsiones de derribo de la lonja pesquera y propuso su rehabilitación pero no ha alegado el proyecto en el periodo de exposición al público. En la nota el portavoz socialista Andrés Navarro aportaba una propuesta de rehabilitación de la lonja como espacio público al modo que se han recuperado las lonjas en otras ciudades portuarias.
