La Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción (AVAF) ha otorgado a la secretaria del pleno del Ayuntamiento de Torrevieja, Pilar Vellisca Matamoros, los derechos de protección derivados del estatuto como denunciante. Una condición que implica medidas especiales para evitar que puedan sufran represalias en sus puestos de trabajo durante la investigación que la AVAF abre de oficio con su denuncia y que se tramita por la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia. El expediente, en este caso, se refiere a una serie de supuestas irregularidades que Vellisca habría puesto en conocimiento de la Agencia en relación a la falta de licitación de un nuevo contrato del ciclo integral del agua, en manos en estos momentos de una empresa mixta y que el Ayuntamiento negocia ampliar.
Siempre según la AVAF, «la contravención de la normativa contractual residiría en la pretensión de efectuar una modificación (ampliación) del contrato administrativo -vigente- sin seguir los trámites de licitación pública que impone el ordenamiento jurídico». El suministro de agua en Torrevieja es la principal concesión de servicio público con una facturación anual de 25 millones de euros.
La entidad autonómica ha solicitado la colaboración del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) y advierte que los preceptos de la ley que regula la AVAF, «no solo sancionan el incumplimiento de las medidas de protección del denunciante, sino también la falta de colaboración» con la Agencia Anticorrupción.
La concesión de este estatuto, se advierte al Ayuntamiento de Torrevieja, supone que se debe prestar especial atención a la protección de las personas denunciantes y velar para que no «sufran, durante la investigación ni después de ella, ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación».
La resolución a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, rubricada por su director, Joan A. Llinares Gómez, indica que si la Agencia es «sabedora de que la persona denunciante ha sido objeto, directa o indirectamente, de actos de intimidación o de represalias» por haber presentado una denuncia ante la Agencia, «podrá ejercer medidas correctoras o de restablecimiento que considere». Es más, advierte que los cargos públicos que impidan o dificulten el ejercicio de las funciones de la AVAF o que «se nieguen a facilitarles informes, documentos o expedientes que les hayan sido requeridos, incurrirán» en responsabilidades legales. También alerta que el incumplimiento de las medidas de protección constituye una «infracción muy grave» cuando hayan causado «un grave perjuicio al denunciante o a la investigación» y puede aparejar una multa de hasta 400.000 euros.
