El Ayuntamiento de Torrevieja ha pagado una multa de 500 euros que debería haber abonado de su bolsillo el alcalde, Eduardo Dolón (Partido Popular). En un decreto firmado por el propio primer edil y del que se da cuenta este jueves en el pleno ordinario, las arcas públicas del Ayuntamiento se hacen cargo de la multa coercitiva impuesta por el juzgado de Lo Contencioso Número 1 de Elche al alcalde, "como responsable por no haber comunicado la identidad del responsable" de acatar la sentencia por un recurso ganado por una empresa sobre un contrato público.
Este primer auto está fechado el 30 de julio de 2021 y hace referencia a una sentencia que se remonta al 1 de junio de 2020. Pero nadie respondió. El juzgado perdió la paciencia y el 12 de enero pasado dio cinco días al municipio para que acreditara que había cumplido el auto anterior y el pago de la multa. El 20 de enero, un decreto firmado por el propio alcalde con un informe del director de la Asesoría Jurídica, Fernando Domínguez, ordenó el pago de 500 euros en concepto de multa coercitiva impuesta al alcalde. INFORMACIÓN ha confirmado que el ingreso se ha hecho efectivo en el juzgado.
El decreto de la Alcaldía de pago de la multa cuenta con un informe del órgano de Contabilidad en el que se indica que existe crédito suficiente, y con uno de la Asesoría Jurídica para validar la orden de pago.
Eduardo Dolón es el cargo público mejor retribuido de la provincia de Alicante:109.000 euros brutos anuales. Como diputado de Presidencia, Economía, Régimen Interior y Deportes, además de la portavocía del grupo popular, se embolsa 74.705. Cantidad a la que se añaden los 34.731euros que también recibe por asistir a plenos, juntas de gobierno, comisiones informativas y juntas de portavoces que se celebran en el Ayuntamiento torrevejense.
Además la administración que preside Dolón ha pagado durante este mandato otras sanciones con recorridos similares que también se dirigían con carácter personal al primer edil, por resoluciones vinculadas al día a día de la administración local, según ha podido confirmar INFORMACIÓN. Algunas áreas municipales se han reforzado y han mejorado su gestión con la administración electrónica. Pero no es el caso de la gestión jurídica sometida a cuatro jefaturas en cuatro años, además de gestionar docenas de procedimientos interpuestos por los ciudadanos ante la administración local.
Fuentes del equipo de gobierno se limitaron a indicar ayer que las resoluciones judiciales que hay que acatar están vinculadas sobre todo a la gestión del anterior equipo de gobierno sin pronunciarse sobre el motivo por el que no las paga el alcalde personalmente.
Los tribunales comenzaron a señalar directamente a los responsables máximos de las Corporaciones Municipales con multas personales a la hora de que se acatasen sus sentencias al comprobar que las multas que imponían de forma genérica a los municipios por su tardanza a la hora de acatar y hacer cumplir las sentencias, no tenían efecto alguno porque se abonaban directamente del erario público.
No es la primera vez que Dolón se enfrenta a este tipo de pagos. En su primer mandato como alcalde 2011-2014 tuvo que abonar varias multas semanales por el retraso a la hora de ejecutar una sentencia de expropiación. En aquel caso no recurrió a las arcas públicas, se hizo cargo de satisfacer las cuantías y de que la junta de gobierno acatara rápidamente la sentencia.
