El plano de Orihuela ha acordado la gestión directa del servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA), también llamada zona azul, a través de la empresa municipal ILDO. El servicio está interrumpido desde el 13 de enero, cuando se extinguió el contrato vigente y no se llegó a tiempo de una nueva licitación. Esto provocó un nuevo cruce de acusaciones entre los partidos que conforman el equipo de gobierno, siendo Ciudadanos el que se encarga de la gestión, a través de la Concejalía de Infraestructuras, y el PP que ostenta el área de Contratación.
A pesar de que la formación naranja advirtió en la comisión informativa previa al pleno de que no apoyaría la propuesta de su socio, finalmente ha votado a favor. Su portavoz, José Aix, ha explicado que el cambio de posición se debe a que se niega a que "se retrate públicamente al partido como el único que ha votado en contra de comerciantes y vecinos". Además, ha tachado de "circo que se ha montado en torno a este asunto", al mismo tiempo que ha seguido defendiendo un modelo de gestión indirecta. Incluso, ha recalcado que le asaltan dudas sobre la rentabilidad y la capacidad de prestar un servicio adecuado". En cualquier caso, el acuerdo determina que este tipo de gestión será durante un año prorrogable por otro más.
También ha conseguido el respaldo de Vox, mientras que PSOE y Cambiemos se han abstenido. La concejala socialista María García ha manifestado que "la falta de comunicación entre ambas formaciones afecta a la gestión y a los oriolanos". A su juicio, "Ciudadanos vota sí para quedar bien", a la vez que ha subrayado que "la propuesta es transitoria, para salir del paso en vez de mejorar el servicio acorde a las necesidades", por lo que habría preferido que "se apostara de forma definitiva y no con un parche".
En la misma línea, el edil de Cambiemos Carlos Bernabé ha hablado de "municipalización de emergencia, a salto de mata, gestión negligente de externalización", porque "cuando un pufo estalla en la cara entonces se acude a una empresa municipal". Sin embargo, ha lamentado que en todo este tiempo haya sido "un servicio que se ha diseñado en función del beneficio de la empresa, con poca transparencia en cuanto a los ingresos que ha percibido la adjudicataria". Por último, ha invitado a reflexionar sobre mejorar la movilidad, con más transporte público, peatonalización y aparcamientos disuasorios para no tener que acabar privatizando el estacionamiento.
El concejal Víctor Valverde (PP) ha insistido en que se trata de "dar una solución inminente a un problema, y la forma más eficaz y la que menos le va a costar a las arcas municipales es la gestión directa a través de ILDO". El informe económico expone un coste anual de personal de 175.044 euros y de 24.600 euros al año en medios materiales. En total, el servicio supondría casi 200.000 euros.
El siguiente paso es el encargo de ejecución a ILDO, determinando las condiciones y las tarifas a abonar a la empresa pública, que lo efectuará la Concejalía de Contratación.
Otras propuestas
El pleno también ha aprobado la creación de una comisión de vigilancia de la contratación para asegurar transparencia y fiscalización, una propuesta de Cambiemos que ha salido con los votos a favor de todos los grupos menos del suyo propio, que al final ha sido la abstención al entender que la enmienda del PP dejaba la propuesta descafeinada.
Asimismo, se ha dado luz verde a dos mociones del PSOE. Una, para instar a Infraestructuras, en manos de Ciudadanos, a que proceda con carácter de urgencia a mejorar la limpieza y la funcionalidad de los parques infantiles del municipio, sustituyendo los elementos que de encuentren deteriorados, así como a realizar un plan de inspección y mantenimiento anual e incluir una partida específica de inversión en el próximo presupuesto. Otra, para crear un tribunal económico-administrativo municipal que sirva como órgano para resolver las reclamaciones de los vecinos y residentes sin tener que acudir a la vía judicial.
