Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El enfrentamiento entre socios fractura la Sociedad Casino de Torrevieja

La asamblea anual de la institución centenaria, una de las más importantes de la ciudad, termina entre acusaciones y amenazas de denuncias entre la junta directiva de Rosario Soler y el grupo de socios que considera su mandato desde 2019 ilegítimo

Fachada del edificio protegido de la Sociedad Casino de Torrevieja

La Sociedad Casino de Torrevieja, la entidad de socios más antigua de la ciudad, sigue sumida en un bucle de querellas, denuncias y demandas. El duro enfrentamiento entre la junta directiva presidida por Rosario Soler, elegida en una polémica asamblea en 2019, y un grupo de socios que impugnaron aquella decisión y no pudieron presentar su candidatura a la presidencia, vive un nuevo episodio estos días. El último capítulo ha sido la asamblea anual de la entidad celebrada el pasado 22 de mayo, calificada como "nuevo tongo" por Manuel Montesinos y Mari Ángeles Ñíguez, en "representación de 56 socios más", en un escrito dirigido a este diario.

Entre otros puntos del orden del día se votaba una subida de cinco euros en la cuota mensual que paga cada socio o socia -de 22 a 27 euros-, para hacer frente al problema de financiación por el que atraviesa. Las bajas de socios producidas desde finales de 2018 -alrededor de 70, casi todas por fallecimiento- y el cierre de la entidad durante la pandemia han hecho mella en las cuentas de esta sociedad cultural nacida en el siglo XIX, que mantiene su sede frente al mar en un espectacular edificio modernista. Seis socios, en representación de todos los que no estaban de acuerdo con esta subida, presentaron 50 votos de miembros de la entidad que habían delegado en ellos firmándoles la correspondiente autorización.

La oposición a la actual junta directiva aseguran que el gerente y el secretario de la misma examinaron "concienzudamente, voto por voto" con su correspondiente documentación, y que la presidenta dijo en ese momento que los responsables del Casino también contaban con 75 votos delegados, sin que los socios en desacuerdo pudieran comprobar por su parte los que presentaban los miembros de la junta directiva. Rosario Soler argumentó que la legislación de protección de datos impide que se puedan comprobar votos delegados y que los estatutos confieren a determinados cargos de la junta directiva la competencia de comprobar todos los votos delegados -de unos y de otros-, para comprobar que se han tramitado correctamente. La subida se aprobó de esta forma con 87 votos a favor y 61 en contra. Este grupo de socios opuestos a la gestión de la presidencia actual está estudiando recurrir esta asamblea. "Al 90% de posibilidades se va a recurrir", apuntaron.

Un juzgado ha validado la demanda de los socios que pedía la anulación de todo el proceso electoral hace casi cuatro años por haber incumplido los plazos. La sentencia está recurrida por la junta directiva.

decoration

A principios de 2019 la asamblea extraordinaria eligió como presidenta a Rosario Soler. Las elecciones terminaron en el Juzgado de Primera Instancia Número 3, que da la razón al sector enfrentado a la junta directiva que ha ejercido durante los tres últimos años. La juez da como probado que la presidencia del Casino no siguió los estatutos de la entidad a la hora de aprobar la convocatoria de asamblea general extraordinaria de socios para la elección de presidente y vocales de la junta electoral. También declara la nulidad y sin efectos todos los acuerdos adoptados por la junta electoral, incluidos los anuncios sobre admisión de candidaturas definitivas donde se excluyó primero a la presentada por José Luis Pérez Maeso y después a la de Manuel Fernando Sala -esta última por un error en el nombre de pila del DNI-. Y lo que es más importante, se anula la propia convocatoria y los puntos del orden del día de la asamblea extraordinaria del 20 de enero de 2019, en la que fue elegida Soler como presidenta.

Los tribunales han archivado una denuncia, dos querellas y un delito leve donde el grupo de socios opositor señalaba a Soler. La directiva ha estado dos años sin firma electrónica por denuncias que no se han confirmado.

decoration

Esta sentencia fue recurrida por Soler, por lo que hasta que no sea firme, en el sentido de anular o no todos los actos en torno al proceso electoral y las propias elecciones, la actual dirección podría ejercer y culminar su mandato sin problemas. Sin embargo para cuando el recurso en apelación se resuelva, unas nuevas elecciones estarán seguramente en capilla, ya que el próximo noviembre se cumplen cuatro años de mandato, con lo que todo este episodio judicial habrá servido, en la práctica, para bien poco.

Soler asegura a INFORMACIÓN que no volverá a presentarse como presidenta. Tampoco lo podrán hacer supuestamente algunos de los socios sancionados con seis meses de expulsión por la propia junta directiva, que aparecen como principales representantes de quienes se han enfrentado a la actual dirección, como José Luis Pérez Maeso, José Andreu o Antonio Ortuño. Los estatutos de esta sociedad, foco de la tradición y escenario de cultura, que cuenta en la actualidad con 418 socios, especifican una continuidad ininterrumpida de quince años para optar a ser candidato a la presidencia. Maeso recuerda que que tiene esa expulsión recurrida en el juzgado y que no es firme -de ahí que no haya solicitado un reingreso de una expulsión que considera ilegal- por lo tanto esa situación que cita Soler podría no darse finalmente.

Pero no ha sido la única acción judicial. A los juzgados han llegado otra denuncia, dos querellas y un pleito por delito leve contra Soler. Todos han sido archivados. En abril los juzgados dieron carpetazo definitivo a la querella más llamativa interpuesta contra la presidenta por supuesta falsedad documental. La acción judicial señalaba que Soler habría falsificado el acta de la asamblea en la que fue elegida para dirigir la entidad centenaria. Incluso los querellantes llegaron a recusar, sin éxito, a la jueza y decana de los juzgados de Torrevieja, Juana López Hoyos por supuesta afinidad con la querellada. Sin embargo, la magistrada que instruyó la querella y el Ministerio no vieron indicio de falsedad alguno en el acta y se dio por liquidado el asunto, un criterio que ha compartido la Audiencia ante el recurso presentado por los querellantes.

Otras denuncias, también procedentes del mismo grupo opositor, ante la dirección general de registro de asociaciones de la Generalitat, ha invalidado la firma electrónica de la entidad durante casi dos años lo que ha bloqueado la relación del Casino con la administración para numerosos trámites. Firma que recuperó tras contrastarse que los hechos que se denunciaban no estaban validados por sentencia en firme.

SOBRE LAS SUBVENCIONES

Otro frente abierto para esta histórica entidad es el de su situación económica y las subvenciones. El Casino ha logrado mantener el número de socios por encima de los 410 pese a que ha sufrido 70 bajas en los últimos tres años. Durante la pandemia sus ocho empleados estuvieron en ERTE. Y la barra y la restauración de la tarraza -auténtico balón de oxígeno para su economía- tuvieron que cerrar. La presidenta ha pagado de su bolsillo más de 8.000 euros en seguros sociales y 9.200 más para darle accesibilidad al edificio con una rampa. Después de varios intentos logró la exención del pago del IBI al ser una entidad ubicada en un edificio protegido en el Plan General con actividades de interés general. La entidad se vio exenta del pago en 2022 y va a solicitar ese beneficio también con carácter retroactivo de 2021, 2020 y 2019. El visto bueno está a expensas de un informe de la Intervención, aunque fuentes municipales apuntan a que no va a ser concedido. También ha solicitado una subvención del área de Participación Ciudadana en función de las docenas de actos públicos de tipo cultural que acoge el salón imperial de la entidad anualmente.

Según fuentes municipales de momento, y aunque el Casino siempre ofrece sus instalaciones para la celebración de actos y exposiciones, no se va a conceder porque no ha sido debidamente justificada y muchas de las entidades que participan en esos actos ya son subvencionadas por el Ayuntamiento. Además los técnicos consideran que aunque el Casino no presenta deudas en estos momentos sí que ha tenido que saldar el pago de impuestos por vía ejecutiva fraccionada hace un par de años. SUMA los reclamó cuando la entidad ya había rebasado el periodo de pago ordinario, un impedimento para recibir subvenciones que también afecta a otras asociaciones.  

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats