Éxito de convocatoria, pero no de avances tras la reunión de la mesa de negociación, al menos en cuanto a soluciones y propuestas, en lo que ha sido una primera toma de contacto para buscar una vía alternativa que suponga la paralización de la construcción de 2.200 viviendas en el sector Cala Mosca, en Orihuela Costa, el último kilómetro sin urbanizar del litoral oriolano. Con una cuestión de fondo: a qué precio.
La alcaldesa del municipio, Carolina Gracia, ha negado que se haya hablado de "responsabilidad patrimonial, como algunos quieren vender", ya que se apuesta por "una actuación urbanística que compense" y "se descarta que el Ayuntamiento tenga que incurrir en ninguna responsabilidad que lo condene a asumir un gasto de por vida". En cualquier caso, ha insistido, "si se tuviera que abonar un euro para salvar esos terrenos no hay que verlo como un gasto superfluo ni innecesario sino como una inversión".
El concejal de Urbanismo, José Aix, también ha reiterado que "la economía del Ayuntamiento no se va a ver nunca afectada". Más allá de "consideraciones medioambientales que compartimos todos no hay que frenar alternativas que redunden en el beneficio de la economía", ha añadido.
El exalcalde Emilio Bascuñana ha mostrado la disposición del PP a "colaborar para encontrar una solución, siempre que no perjudique los intereses del municipio", en referencia a que si se diera lugar a que la constructora reclame el lucro cesante -lo que dejaría de ganar por la paralización del proyecto- podría suponer una indemnización que puede superar los 200 millones de euros.
Al mismo tiempo, ha indicado que el propio director general de Urbanismo, Vicente Joaquín García Nebot, ha afirmado en el transcurso de la reunión que la Generalitat no está dispuesta a asumir responsabilidades patrimoniales.
Por contra, la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo, según ha resaltado María García Sandoval, portavoz de Cambiemos, ha señalado la posibilidad de una solución mixta; es decir una permuta que ofrezca a la empresa cambiar las parcelas en Cala Mosca por otras en el municipio más una compensación económica. En este punto García Sandoval ha recordado que los presupuestos de la Generalitat no están cerrados.
Bascuñana, además, ha criticado que la alcaldesa no haya invitado al Ministerio, ya que es quien tiene la competencia de Costas, sin olvidar que el Gobierno central mantiene un contencioso administrativo con el plan urbanístico.
También hay un contencioso administrativo en marcha por parte de Cambiemos, que pactó con el PSOE apoyar la moción de censura con una serie de condiciones, entre ellas la de impedir la urbanización de Cala Mosca, una línea roja que, según ha advertido en varias ocasiones la formación, pondría en peligro al bipartito.
La formación ha valorado positivamente la reunión, aunque con "cautela y reservas". A juicio de García Sandoval, es Gracia quien ha de liderar la iniciativa, ya que "ciudadanos está facilitando que el proyecto salga adelante".
"Es un paripé para contentar a sus socios de Cambiemos", ha concluido Bascuñana, que ha insistido en que Gracia únicamente busca una foto.
Habrá una segunda reunión, aunque aún sin fecha. "La empresa quiere una propuesta cerrada", ha explicado Gracia, por lo que los pasos que dará ahora el equipo de gobierno serán valorar el coste de los terrenos y ofrecer una propuesta.
Mientras, los tiempos para la ejecución y finalización de las obras siguen agotándose. El promotor ya ha manifestado su intención de comenzar antes de que acabe el año. El Pativel da un plazo hasta mayo para iniciarlas o de lo contrario el sector pasará a formar parte de la infraestructura verde.
A su vez, "la presión social aumenta día a día debido a la mayor sensibilidad con la situación de colapso ambiental, sin olvidar las graves carencias en materia de servicios y equipamientos que supondrán esas 2.200 viviendas", ha apuntado García Sandoval.
La empresa, por su parte, no ha realizado valoraciones ya que no se ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta.
A la reunión también han acudido los concejales Víctor Valverde (PP), Carlos Bernabé (Cambiemos) y María Asunción Aniorte (Vox), así como el directos general de Medio Natural, Julio Ramón Gómez.
