Los propietarios de 20 viviendas ilegales que se encuentran en pleno corazón de la huerta oriolana han presentado al Ayuntamiento un plan para reducir el impacto ambiental de la urbanización y poder regularizarlas. En concreto, se trata de una veintena de casas unifamiliares y dispersas que ocupan una superficie de 85.937 metros cuadrados, de los que 4.682 están construidos, en la finca Los Mazones en la pedanía de El Mudamiento, junto al camino Cantalobos, a unos 800 metros en línea recta al sur del núcleo pedáneo y a menos de 1 kilómetro de Rafal.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de 1990, califica estos terrenos como suelo no urbanizable debido a sus valores paisajísticos, ambientales y culturales, por lo que su uso residencial no está permitido. Construidas en la década de 2000 sin licencias municipales, se llevó a cabo una parcelación ficticia que no se ajustaba a la legalidad.
Para evitar la demolición de las construcciones, la comunidad de vecinos ha planteado una serie de actuaciones -previstas en la legislación relativa a suelo no urbanizable- para disminuir los efectos medioambientales y los impactos paisajísticos que se hayan derivado con el objetivo de abrir una vía legal para que sus viviendas, que llevan más de una década en un limbo, obtengan la regularización urbanística. De hecho, una vez concluidas las infraestructuras programadas, podrán ser legalizadas mediante la solicitud de la preceptiva licencia de obras de legalización.
En concreto, en septiembre de 2020 y en enero de este año presentaron al Ayuntamiento un estudio ambiental y el Plan Especial para la Minimización de Impacto Ambiental, documentos que ahora la administración ha publicado en su sede electrónica para someterlos a alegaciones en un plazo de 45 días.
El plan contempla varias infraestructuras, con una inversión de 16.500 euros por propietario (330.00 euros en total) y un plazo de ejecución de dos años. No en vano, carecen de planeamiento como consecuencia de estar construidas en suelo no urbanizable, por lo que no están incluidas en las estadísticas oficiales, el agua potable no llega -se obtiene de depósitos instalados-, el camino está sin asfaltar y su conexión a la red de saneamiento municipal es inviable. De ahí que en las medidas correctoras se plantee la instalación de depuradoras individuales, la recogida regular de residuos sólidos y el suministro de agua potable, así como la adecuada conexión del núcleo de viviendas con la red viaria. En el desglose figura una depuradora (4.500 euros), agua potable (1.500), electricidad (2.000), arbolado (500) y tasas y coste de desarrollo (8.000).
Los propietarios, en su mayoría británicos, adquirieron las viviendas entre 2003 y 2008 y averiguaron con posterioridad a las compraventas que las viviendas no se ajustaban a la legalidad urbanística. En 2012, presentaron un escrito al Ayuntamiento por el que se comprometían a sufragar los gastos y un año después se dirigen a la Dirección Territorial, aunque el procedimiento se inició en 2015 con la solicitud de evaluación ambiental. Ya en 2018 la Comisión de Evaluación Ambiental respondió con un documento que recoge los condicionantes.
Es un ejemplo del desarrollo turístico del prelitoral alicantino, convirtiéndose en la residencia idónea para una población, en general, de avanzada edad y de procedencia europea, lo que ha propiciado la proliferación de grandes extensiones de asentamientos y urbanizaciones de baja densidad. En suma, miles de viviendas ilegales dispersas en la huerta del Bajo Segura.
En este sentido, el estudio de integración paisajística que han presentado describe un entorno dominado por tierras de cultivo en las que predominan las especies herbáceas, la alcachofa y los árboles frutícolas, sobre todo cítricos. Por tanto, para minimizar el impacto causado se contempla introducir vegetación autóctona en los espacios sin construir.
En la finca Los Mazones, continúa el estudio, existen regadíos con antigüedad superior a los 50 años, en los que prima el valor de conservación del paisaje cultural y patrimonial. En ella hay elementos como la parcelación, la propia presencia hídrica, el patrimonio cultural e hidráulico (acequias y azarbes) y la red de caminos rurales que son parte de un paisaje que se debe conservar y poner en valor.
Aunque -según el informe- ninguno de los principales cauces de ríos, ramblas y barrancos se encuentra próximo, en el lado derecho de la parcela en dirección desde Rafal se encuentra la acequia "Arroba de San Bartolomé", "una infraestructura hidráulica que habrá de protegerse", indica el estudio, que también incide en que las viviendas deberán ser coherentes con la infraestructura verde.
Informes de seguimiento
De aprobarse el plan que han presentado los propietarios, según la normativa, el Ayuntamiento de Orihuela deberá realizar un primer informe de seguimiento y luego elaborar otros cuatrienales en los que se procederá al cálculo de los indicadores, pudiendo incorporar otros que considere convenientes en cada momento. Los informes de seguimiento serán expuestos en procesos de participación ciudadana y, posteriormente, remitidos a la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio.
