Un nuevo impuesto estatal va a penalizar la falta de reciclaje de los residuos generados por los municipios con un impuesto de 30 euros por cada tonelada de basuras que termine en el vertedero.
El objetivo es que de una vez por todas inviertan en separar y reciclar en origen, lo que ya es una obligación legal, para que el volumen de basura a enterrar -y su impacto ambiental tanto en la emisión de gases y generación de lixiviados, como en la necesidad de ocupación del territorio- se rebaje de una forma muy sustancial.
Por tonelada
La dirección general de Calidad Ambiental de la Conselleria para la Transición Ecológica ha trasladado a los consorcios comarcales de residuos que los municipios serán los responsables de soportar directamente este impuesto con sus presupuestos. Esta tasa de nueva creación aparece regulada en la ley estatal 7/2022 de Residuos, vigente desde el pasado mes de abril.
La cuota tributaria está fijada en 30 euros por tonelada para los residuos municipales que terminan en las plantas de tratamiento y eliminación -los vertederos autorizados-.
La finalidad del impuesto es el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, con la fracción orgánica como preferente. La medida se dirige también a la educación ambiental con "el objetivo de desincentivar el depósito de residuos en vertedero". Cuanta más basura sin reciclar se genere, más se pagará.
Facturación directa
Aunque es todavía una cuestión que queda por concretar, la facturación del impuesto lo realizarán la plantas de tratamiento y los vertederos autorizados directamente a los ayuntamientos.
Con lo recaudado, cuya estimación se sitúa en torno a 30 millones en toda la Comunidad anualmente, se formará un fondo autonómico que financiará una treintena de actuaciones vinculadas precisamente a la implantación de políticas de reciclaje, separación y generación de residuo cero en las ciudades y pueblos de la comunidad.
El desembolso lo tienen que tener previsto los municipios en su proyecto de presupuestos para el año que viene, o en una modificación presupuestaria de las cuentas prorrogadas. Muchos sin embargo no se van a arriesgar a validar unos presupuestos que necesariamente tendrán que ser austeros. Lo dejarán para después de las municipales.
Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela...
Como ejemplo. la adopción de esta medida obligará según las previsiones a municipios como el de Elche a desembolsar un millón de euros durante el año 2023. Para el caso de los 27 municipios de la Vega Baja la previsión es que aporten 2.643.341 euros durante 2023. Mientras en el caso de Alicante ciudad esa cifra podría alcanzar los dos millones de euros.
Vega Baja
El Ayuntamiento de Torrevieja -o sea, sus vecinos- es el que más tendrá que rascarse el bolsillo para ingresar 714.000 euros anuales porque los vertederos de la provincia tienen que tratar 71.000 toneladas anuales de sus basuras. Es además el único municipio que no tiene más remedio que distribuir su basura entre todas la plantas que hay disponibles en la provincia: Alicante, Villena, Elche y Xixona, pese a tratarse de instalaciones que ya están al borde de su capacidad. Le sigue de cerca Orihuela con 607.000 euros y 67.000 toneladas de residuos transportados en camiones hasta los vertederos.
Gasto sobre gasto
Este nuevo impuesto se suma al coste de eliminación y transporte desde la planta de transferencia de Dolores a los distintos vertederos. Para los municipios de la Vega Baja este último se sitúa en 75 euros por tonelada, a lo que hay que añadir el gasto corriente del servicio de recogida y aseo urbano en cada una de las poblaciones, que en su mayoría está adjudicada a una empresa externa, a excepción de los servicios municipales de Orihuela y Guardamar. Torrevieja gasta en su contrata 25 millones al año.
Todavía la mitad al vertedero
En una comunicación notificada a cada uno de los 27 municipios de la Vega Baja -y que ninguno ha hecho pública-, el Consorcio comarcal explica que en el último año, de julio de 2021 hasta julio de 2022 la Vega Baja ha generado 190.963 toneladas de residuos.
En tiempos del reciclaje, valorización y economía circular más de 88.100 toneladas han terminado en los vertederos, donde una pequeña parte se aprovecha en el cribado de las cintas selectivas y otros procesos como el del aluminio y otros materiales, y el resto termina enterrada y apilada en enormes vasos de vertido. Así los municipios todavía tienen que recurrir a los vertederos convencionales para desprenderse del 46% de la basura que generan.
CLAMOROSO INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y EL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS
La mayor parte de los municipios de la provincia está incumpliendo de forma clamorosa los objetivos de la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV) aprobada en abril de 2019 que fijaba la obligación de profundizar en la recogida selectiva de residuos. Según éste todos los municipios de más de 10.000 habitantes deberían contar con un plan local de residuos aprobado antes del 1 de enero de 2021, y los de menos de 10.000 deben ponerlo en marcha con ayuda de la Diputación. Sin embargo entre los 27 municipios de la comarca solo Orihuela, Dolores y Bigastro lo han aprobado. Torrevieja, que es la ciudad que más lo necesita, se ha preocupado sobre todo de adjudicar antes una nueva contrata multimillonaria sin elaborar antes ese plan.
La implantación de la recogida puerta a puerta de los residuos domésticos para los municipios de más de 50.000 habitantes que debería estar en marcha desde el 1 de enero de 2021, apenas es un experimento a pequeña escala en municipios pequeños de la provincia como Orba (Marina Alta), Daya Vieja y Dolores y, además solo se sostiene a golpe de subvenciones.
Solo como ejemplo del nivel de reciclaje por fracciones, ese plan fijaba que el porcentaje de residuos que llegara a vertedero sobre la totalidad de los generados debía ser del 30% el 31 de diciembre de 2022. En estos momentos ese porcentaje, con un cálculo muy optimista porque las plantas de tratamiento entierran más de lo que aseguran que reciclan, todavía no baja del 45%.
Para la misma fecha el objetivo era que el porcentaje de reciclaje fuera del 67% de los residuos domésticos, el 90% de los envases ligeros, el 75% de los plásticos, el 90% del tetra-brick, el 80% del vidrio y el 90% del papel cartón. También debería haberse impulsado la recogida selectiva de residuos de pañales e higiene, como fracción resto, que sigue sin implantarse.
