El Ayuntamiento de Torrevieja ya cuenta con nuevos servicios jurídicos. El despacho Ros-Castejón Abogados, con experiencia en la gestión se de los servicios jurídicos de otros municipios de la comarca, ha comenzado a trabajar para la administración local, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tumbara el último recurso de un expediente de contratación que se inició en febrero de este año.
El recurso presentado por Egeavillalba tenía paralizada la formalización del contrato desde septiembre y solicitaba declarar la nulidad del acuerdo de adjudicación, archivar el expediente de licitación y que fuera licitado un nuevo procedimiento.
Una año de retraso
A esta situación se sumaba que desde hace un año el retraso en la licitación provocaba que el despacho que prestaba el servicio para el Ayuntamiento prolongara su asesoría de forma tácita sin contrato porque se trata de un prestación esencial para un municipio con una importante carga de procedimientos judiciales.
Esta situación de prórroga en precario -y la falta de personal inicial en la dirección de la Asesoría Jurídica propia del Consistorio- había generado algunos problemas, por ejemplo a la hora de que el Ayuntamiento llevara a efecto a la ejecución de sentencias, con más de un susto en la Alcaldía, que se ha visto amenazada por los juzgados de tener que afrontar el pago de multas personales por esos retrasos.
Documento de trabajo
El recurso cuestionaba los criterios de baremación del director de la Asesoría Jurídica, del que pedía su recusación, por el hecho de incluir, algunas anotaciones, apreciaciones y llamadas sobre las ofertas derivados de un borrador de trabajo, y que se trasladaron por error al informe final de valoración presentado ante la mesa de contratación. Supuestamente esas anotaciones dejaban entrever una predisposición negativa hacia esa plica. Sin embargo, el TACRC aclara que los comentarios y anotaciones sobre la oferta de esta empresa que por error -remarca- constan en el informe de valoración no tienen suficiente entidad, para configurar una causa de abstención. Además el mismo Tribunal Especial recuerda que en cualquier caso no tiene competencias para recusar al funcionario.
El Ayuntamiento debe asumir todos los años el seguimiento de más de 150 procedimientos judiciales, la mayor parte de ellos en la jurisdicción contencioso administrativa, pero también, en el menor de los casos, penal.
El valor estimado de la prestación era inicialmente de 700.000 euros (IVA excluido) por un periodo de cuatro años. Se ha adjudicado por 135.000 euros anuales (IVA incluido) y cuatro anualidades.
