El Juzgado de Aguas de Orihuela se debate entre el continuismo y una alternativa en la gestión

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el más importante de la comarca por superficie, ya que ordena el riego de 9.000 hectáreas -de las 20.000 que riegan las aguas del Segura-, celebra elecciones este viernes para elegir los cargos de juez, teniente de juez y síndico general para los próximos cuatro años (desde 2023 a 2026).

Las candidaturas a juez las lideran José Bernabé, que representa la continuidad en la gestión de la entidad secular, y José Antonio Canales, de un sector alternativo que reclama un cambio y más transparencia. Por su parte, Pedro Ángel Grao y Miguel Ángel Carrillo optan a teniente de juez, mientras que los candidatos a síndico general son José Manuel Portugués, Ángel Luis Larrosa, Moisés Rodríguez y Pedro Mompeán, que es el actual juez desde que asumió el cargo con 78 años a principios de 2019, mientras que Larrosa fue teniente juez y Jesús Bascuñana síndico general.

Ya en esa ocasión, aunque la web de la institución no informó de ello como tampoco lo hizo de los resultados de las elecciones, se presentaron dos candidaturas alternativas: Mompeán y el entonces juez de aguas Francisco Simón, que pretendía revalidar el cargo que asumió en un proceso electoral extraordinario, tras el escándalo de comisiones por las obras del AVE que salpicó a buena parte de anteriores juntas directivas presididas por Antonio Barberá y Jesús Buendía -y que fue la razón de fondo de la dimisión en 2015 de este último-.

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, que aglutina a unos 12.000 regantes, maneja un presupuesto anual de unos 300.000 euros que se emplean principalmente en el pago del canon general a la Confederación Hidrográfica del Segura por el transporte del agua del río y obras de mantenimiento en las acequias y azarbes.

Acabar con el hermetismo y la opacidad

Entre los agricultores, hay una corriente cada vez más fuerte que discrepa con "las formas" y aboga por un proceso de modernización y un cambio en la gestión para acabar con el "hermetismo" y "aislamiento" que, en su opinión, sufre la institución. Todo ello en un momento crucial ante la subida de precios en los abonos, la electricidad y el agua. Por eso, afirman que es importante reforzar el Juzgado para que sea eficaz.

Asimismo, consideran que la transparencia en algunos asuntos es escasa, como en la información que se proporciona sobre los ingresos y gastos. Ante esa "opacidad", un grupo de regantes ha solicitado en varias ocasiones una auditoría.

Sobre todo, insisten en el acceso a los justificantes de los gastos. En concreto, han requerido la entrega de una copia del libro de derramas hasta la fecha. Según sus cálculos, el Juzgado, que administra unas 80.000 tahúllas -casi 9.000 hectáreas-, ingresa un millón de euros al año en concepto de derrama, una cuota de entre 12 y 14 euros que paga cada regante por tahúlla.

Así, recalcan que la institución no les representa ni atiende sus intereses y peticiones. Como ejemplo, citan que no se han acometido obras de mejora y reparación tras los destrozos que causaron las lluvias torrenciales provocadas por la DANA de septiembre de 2019.

Relaciones con el Ayuntamiento y la CHS

Además, las relaciones entre el Juzgado y el Ayuntamiento no pasan por el mejor momento. Ya en febrero, desveló deudas de la administración local que "asfixian" a los regantes, remitiendo un escrito que imponía condiciones para llegar a nuevos acuerdos tras los incumplimientos por parte del Consistorio.

Después, advirtió de que la reclamaría por la vía judicial y que revocaría las autorizaciones de obras y las cesiones de elementos hidráulicos, al mismo tiempo que calificaba de "insoportable" la relación.

La institución también tiene asperezas con la CHS, donde el Juzgado de Aguas de Orihuela es el que negocia el agua que llega a la Vega Baja.